La controversia por las declaraciones de Deyci Jiménez sobre presuntos favores sexuales relacionados con el expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo elemento. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, afirmó que encontró un registro de contratación de la mujer con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según Enciso, quien se refirió al asunto en entrevista con Blu Radio, el registro corresponde a una vinculación como auxiliar administrativa, que ya habría finalizado. La información reportada señala que el documento fue publicado el 25 de julio de 2026. Sin embargo, no se precisaron el valor del contrato ni las fechas exactas de ejecución. El hallazgo se suma a otros vínculos contractuales de Jiménez con entidades públicas, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. De acuerdo con la información divulgada, los primeros contratos se remontan a 2021, cuando prestó servicios de apoyo en el área de Recursos Humanos del Senado. En 2022 volvió a ser contratada por esa corporación y posteriormente tuvo vinculaciones con entidades del Gobierno nacional. En junio de 2025, Jiménez suscribió un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por $18 millones, destinado a labores de archivo y organización documental. Ese mismo año también habría celebrado un contrato con el Ministerio del Interior por $11.151.338, para apoyar la elaboración de informes relacionados con proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). En enero de 2026, la mujer firmó otro contrato con esa cartera por $30.457.094, con actividades similares y un plazo de ejecución previsto hasta el 31 de diciembre de ese año. Piden esclarecer las contrataciones Ante estos hechos, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con copia a la Corte Suprema de Justicia, para que se examinen las circunstancias de las contrataciones mencionadas. La solicitud busca establecer si los contratos respondían a necesidades institucionales, si las obligaciones pactadas fueron efectivamente cumplidas y cuáles fueron las razones que justificaron las vinculaciones. Según el balance citado en la información original, los registros sumarían diez contratos por $133.151.099. De ese total, tres serían anteriores a la llegada de Petro a la Presidencia y siete corresponderían al periodo de su Gobierno. No obstante, la información disponible no permite establecer con certeza si el registro del Dapre está incluido en esa suma. Es importante precisar que la existencia de contratos estatales no demuestra, por sí sola, que estos se hayan otorgado como contraprestación por favores sexuales. Esa afirmación forma parte de las denuncias atribuidas a Jiménez y deberá ser evaluada por las autoridades competentes. Por su parte, Gustavo Petro rechazó los señalamientos y negó haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.
Mujer que reveló presuntos favores sexuales con Petro también tuvo contrato con el Dapre
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, aseguró que encontró un registro de contratación de la mujer con el Departamento Administrativo de la Presidencia.
