¿Presidentes y expresidentes intocables para la justicia?

¿Por qué a Petro lo denuncian y denuncian, pero no pasa nada? ¿Por qué a pesar de todos los escándalos que han estallado en su contra, sigue posando de referente moral? Y es que en Colombia pueden terminar presos los ministros, los congresistas y hasta los tesoreros de una campaña presidencial. Pero cuando las investigaciones llegan al presidente de la República, parece levantarse una muralla imposible de derribar. ¿Por qué en Perú han condenado a varios presidentes en ejercicio, así como a expresidentes y en Colombia no hemos conseguido una sola condena penal contra quienes han ocupado esas dignidades? ¿Será que nuestros presidentes son ejemplos extraordinarios de honestidad? ¿O será que tenemos un sistema diseñado para hacer casi imposible juzgarlos? Recordemos el escándalo del Proceso 8.000. El cartel de Cali introdujo recursos del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Santiago Medina, tesorero de la campaña, terminó preso. Fernando Botero Zea, gerente de campaña y después ministro de Defensa, también fue encarcelado. Hubo confesiones, investigaciones y condenas. Pero Samper fue absuelto por la Cámara de Representantes en 1996. ¿Cómo se explica que los responsables de administrar una campaña terminaran en prisión mientras el candidato elegido presidente no llegó a ser juzgado penalmente? La respuesta está en nuestra Constitución. En Colombia, las denuncias contra el presidente pasan inicialmente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Y quiénes integran esa comisión? Congresistas. Políticos que pertenecen a partidos, negocian coaliciones y participan en las relaciones de poder con el Gobierno. Si la Cámara decide acusar, interviene el Senado. Y solamente después, cuando corresponde, el caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes de llegar a los jueces, la responsabilidad penal del presidente debe atravesar un filtro político. El sistema fue creado para evitar persecuciones judiciales contra el jefe del Estado. Pero también puede convertirse en una barrera para investigar a quien ocupa el cargo más poderoso del país. Las múltiples denuncias contra Gustavo Petro y las investigaciones sobre la financiación de su campaña presidencial de 2022 vuelven a poner este problema sobre la mesa. Por supuesto, una denuncia no demuestra culpabilidad. Pero tampoco debería convertirse en un expediente sin resultados por el simple hecho de involucrar al presidente. Ahora comparemos con Perú. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Alejandro Toledo recibió una condena de 20 años y seis meses. Ollanta Humala fue condenado a 15 años, mientras Pedro Castrillo permanece en prisión y Pedro Pablo Kuczynski, permanece en detención domiciliaria. Perú también tiene fueros especiales, pero sus instituciones consiguieron superar esas barreras. En Colombia seguimos atrapados en una pregunta que debería avergonzar a nuestras instituciones. ¿De qué sirve proclamar que todos somos iguales ante la ley si investigar a un presidente depende primero de decisiones políticas? No se trata de encarcelar presidentes por denuncias ni de eliminar sus garantías constitucionales. Se trata de garantizar investigaciones independientes y decisiones judiciales cuando existan pruebas suficientes. Porque el fuero presidencial debe proteger la institución, no convertirse en un escudo contra la justicia, haciendo imposible que juzguen a los presidentes y expresidentes, convirtiéndolos en intocables. Y una democracia donde los poderosos difícilmente llegan ante los jueces tiene un problema mucho más grave que cualquier escándalo de corrupción: tiene un problema de rendición de cuentas. Y es que en política, nada es casualidad.