Petro, acorralado por sus excesos

Las acusaciones contra Gustavo Petro ya no provienen solamente de sus adversarios políticos. Ahora son personas que estuvieron cerca de él quienes denuncian presunto consumo de drogas, chantajes sexuales y utilización de contratos públicos para satisfacer intereses personales. Y la pregunta es gravísima. ¿Hasta dónde pudieron llegar los excesos de Petro mientras gobernaba Colombia? El primero en encender las alarmas fue su excanciller Álvaro Leyva Durán, quien denunció un supuesto problema de drogadicción que, según él, explicaría algunas ausencias y comportamientos del entonces presidente. Sin embargo, Leyva terminó reconociendo ante la Comisión de Acusaciones que nunca lo vio consumir drogas y que no tenía pruebas directas. Después apareció Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, con acusaciones todavía más delicadas. Aseguró que Petro consumía tusi en la Casa de Nariño antes de algunos consejos de ministros. También habló de fotografías y videos íntimos que supuestamente podrían utilizarse para chantajearlo. Laura Sarabia, señalada de conocer ese material, rechazó las acusaciones. Pero la denuncia que acaba de provocar un nuevo escándalo tiene nombre propio. Deicy Jiménez aseguró que recibió contratos estatales a cambio de encuentros sexuales con Gustavo Petro. También afirmó que le transportaba drogas y que otras mujeres habrían participado en situaciones similares. La gravedad del caso aumenta porque no estamos hablando exclusivamente de encuentros privados. Se han identificado cinco contratos estatales de Jiménez por una suma cercana a los 100 millones de pesos. Los documentos acreditan vínculos contractuales, aunque todavía no demuestran que fueran entregados a cambio de favores sexuales. A estas declaraciones se sumó Carlos Andrés Ríos, actual director del Dapre, quien aseguró ante el Congreso que durante el Gobierno Petro habrían sido instrumentalizadas 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios. Es una acusación de enorme gravedad que todavía debe probarse. La Fiscalía abrió una investigación por las presuntas irregularidades contractuales, mientras la Defensoría del Pueblo reclamó esclarecer los hechos. Petro niega haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales y rechaza las acusaciones de consumo de drogas. Hasta ahora no existe prueba pública concluyente de que el expresidente padezca una adicción ni de que haya utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales. Pero las autoridades tienen la obligación de establecer qué ocurrió, quién autorizó esos contratos, qué servicios se prestaron y si hubo recursos públicos desviados. Porque la vida íntima de un expresidente no constituye, por sí sola, un asunto judicial. Utilizar el poder del Estado para conseguir favores sexuales o beneficiar indebidamente a particulares sí lo sería. Petro llegó a la Presidencia denunciando los privilegios, la corrupción y los abusos de las élites políticas. Ahora enfrenta acusaciones que, si llegan a demostrarse, representarían una de las traiciones más graves a las promesas con las que conquistó el poder. Y la ironía sería demoledora. Quien prometió acabar con los abusos del poder podría terminar respondiendo ante la justicia por haber puesto ese mismo poder al servicio de sus intereses personales. Porque una cosa son los excesos privados de un gobernante. Otra, infinitamente más grave, es que los colombianos hayan tenido que financiarlos con sus impuestos. Y es que en política, nada es casualidad.