¿Petro pagó sexo con nuestra plata?

¿Gustavo Petro convirtió los contratos del Estado en una chequera para pagar favores sexuales? Porque si las denuncias de Deicy Jiménez se comprueban, el expresidente no solamente habría traicionado su discurso de lucha contra la corrupción. Habría utilizado recursos de los colombianos para satisfacer sus intereses más íntimos. Y eso sería una auténtica vergüenza nacional. Deicy Jiménez publicó un video en el que aparece abrazándose y besándose con Gustavo Petro. Pero aquí lo escandaloso no es el beso, ni la relación que pudieron haber tenido. Lo verdaderamente explosivo es su denuncia de que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales. Estamos hablando de cinco contratos que, según la información denunciada, suman cerca de 100 millones de pesos, vinculados al Senado, una Superintendencia y el Ministerio del Interior. Contratos cuya existencia y circunstancias deben examinarse para determinar si hubo alguna intervención indebida. Mientras millones de colombianos luchaban para pagar sus impuestos, alimentar a sus familias y sobrevivir a las dificultades económicas, hoy surge una denuncia que obliga a preguntar si parte de esos recursos terminó utilizada para recompensar una relación íntima. Y aquí aparece la monumental hipocresía que tendría que explicar el petrismo si estas acusaciones se demuestran. El gobierno que hablaba de dignidad, justicia social y defensa de los pobres habría permitido que el dinero público se convirtiera en instrumento para satisfacer intereses privados. ¡Qué fácil resulta hablar de los pobres cuando son otros los que pagan los privilegios! Pero hay algo todavía más grave. Los contratos públicos no son regalos personales de los gobernantes. No son premios por lealtades políticas, afectivas ni sexuales. Son recursos que deben responder a necesidades del Estado y a servicios efectivamente prestados. Petro asegura que jamás entregó contratos a cambio de sexo. Esa versión también debe investigarse. Porque la existencia de los contratos, por sí sola, no demuestra corrupción. La justicia tendrá que establecer quién contrató, por qué lo hizo, qué servicios se prestaron y si hubo algún favorecimiento ilegal. Sin embargo, el expresidente le debe al país explicaciones claras. No basta con negar las acusaciones. Hay que esclarecer las circunstancias de esas contrataciones y determinar si alguien utilizó su influencia para favorecer a Jiménez. Porque si se demuestra que hubo contratos a cambio de favores sexuales, estaríamos ante algo mucho más repugnante que una infidelidad: la utilización del poder público como instrumento de beneficio personal. Y esa sería la verdadera radiografía del supuesto cambio: predicar austeridad mientras se disfrutan privilegios; hablar de igualdad mientras se aprovechan las ventajas del poder; exigir sacrificios al pueblo mientras se pretende que el Estado pague las cuentas privadas. La vida sexual de Petro no es asunto de los colombianos. Lo que sí nos importa es saber si pretendieron cobrárnosla. Y es que en política, nada es casualidad.