Opioides, amenaza letal

Colombia podría estar sentada sobre una bomba de tiempo sanitaria y el Gobierno no puede darse el lujo de seguir ignorando las alarmas. Mientras Estados Unidos lleva años pagando con cientos de miles de vidas las consecuencias de la crisis de los opioides, nuestro país exhibe unas deficiencias tan graves que cuesta creer que estemos hablando de un problema conocido, estudiado y perfectamente documentado. Y no se trata de sembrar pánico. Se trata de impedir que la negligencia convierta una amenaza prevenible en una tragedia nacional. Hay un dato que enciende las alertas y genera mucha preocupación: en Colombia, cerca del 75 % del personal que atiende a pacientes con dependencia de opioides carece de formación específica para enfrentar esta clase de adicciones. Eso significa tres de cada cuatro profesionales. Una cifra que debería provocar una reacción inmediata del Ministerio de Salud. Porque estamos hablando de sustancias que pueden generar una dependencia severa, provocar sobredosis y causar la muerte por depresión respiratoria. No son adicciones que puedan enfrentarse con improvisación, buenas intenciones o funcionarios leyendo protocolos que nunca aprendieron a aplicar. Pero el problema no termina en la falta de preparación del personal sanitario. Colombia también presenta dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos con metadona, uno de los medicamentos utilizados para atender la dependencia de opioides. Y esto es particularmente grave. La metadona, cuando se prescribe y administra correctamente, ayuda a reducir el consumo de opioides ilícitos y el riesgo de sobredosis. Interrumpir un tratamiento sin una alternativa clínica adecuada puede desencadenar síntomas de abstinencia, favorecer recaídas y aumentar la exposición a sustancias de composición desconocida. ¿Se imaginan el drama? Una persona consigue apartarse de la heroína, acepta recibir tratamiento, comienza a reconstruir su vida y termina enfrentando una recaída porque el sistema de salud no le garantiza la continuidad de la atención. Eso no es simplemente un problema de inventarios. Es una falla sanitaria que puede tener consecuencias mortales. Y mientras las autoridades discuten reformas, presupuestos y modelos de atención, los pacientes no pueden esperar a que se resuelvan las disputas administrativas. La dependencia de opioides no se suspende porque una EPS tenga problemas de contratación o porque un medicamento no haya llegado a tiempo. El ejemplo de Estados Unidos debería bastar para comprender lo que está en juego. Allí, la expansión de los opioides y, especialmente, del fentanilo fabricado ilegalmente dejó una devastación humana difícil de dimensionar. Comunidades enteras han sufrido las consecuencias de las sobredosis, las adicciones y la destrucción de miles de familias. Colombia no registra una crisis de esa magnitud. Y precisamente por eso hay que actuar ahora. Porque sería una irresponsabilidad esperar a que las cifras de muertes se disparen para descubrir que faltan especialistas, que los medicamentos no llegan y que los mecanismos de prevención son insuficientes. El Gobierno tiene una obligación elemental: anticiparse a los riesgos que pueden costar vidas. No esperar a que el desastre estalle para anunciar comités, reuniones extraordinarias y planes de emergencia. Aquí surge una pregunta necesaria. ¿Qué tan preparado está realmente el sistema de salud colombiano para enfrentar un aumento considerable de las sobredosis por opioides? ¿Cuántos centros de atención cuentan con personal capacitado? ¿Está garantizado el suministro de medicamentos? ¿Existe suficiente disponibilidad de naloxona, el fármaco que puede revertir una sobredosis por opioides si se administra a tiempo? Esas son las respuestas que el país necesita. No otra campaña publicitaria. No una colección de promesas. Respuestas verificables, recursos y resultados. Porque si mañana se presenta un incremento acelerado de intoxicaciones y sobredosis, las autoridades no podrán alegar que nadie les advirtió. Las señales están sobre la mesa. Las experiencias internacionales están documentadas. Los riesgos son conocidos. Y las fallas de atención ya afectan a pacientes que necesitan tratamiento. Cuando un Gobierno conoce una amenaza sanitaria y no corrige las debilidades para enfrentarla, deja de ser un problema exclusivo de salud pública y se convierte también en un problema de responsabilidad política. Colombia no necesita esperar a contar cadáveres para comenzar a tomar decisiones. Necesita un sistema capaz de evitar que esos cadáveres existan. Porque las tragedias sanitarias no siempre comienzan con una explosión de casos. Algunas empiezan con pacientes abandonados, medicamentos que no llegan y advertencias que nadie quiso atender. Y es que en política, nada es casualidad.