La senadora del Centro Democrático María Clara Posada lanzó fuertes cuestionamientos a la defensora del pueblo, Iris Marín, luego de que la funcionaria saliera en defensa de una magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señalara presuntos hechos de violencia de género en medio de la controversia. La congresista defendió su derecho a ejercer control político y sostuvo que las actuaciones de las instituciones públicas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. Posada reconoció la trayectoria de Marín como magistrada auxiliar de la JEP, pero advirtió que su paso por esa jurisdicción hace especialmente importante demostrar independencia de criterio. Según la senadora, la Defensoría del Pueblo debe actuar con imparcialidad y proteger los derechos de todos los colombianos, sin distinciones por afinidades políticas o profesionales. En ese contexto, la congresista planteó una serie de preguntas sobre la atención que reciben las víctimas que denuncian un trato inadecuado por parte de la JEP y los señalamientos de militares que aseguran haber enfrentado presiones para aceptar responsabilidades. También pidió esclarecer las diferencias entre las audiencias reservadas de antiguos integrantes de las FARC y las audiencias públicas de miembros de la fuerza pública.
Otro de los frentes de sus cuestionamientos está relacionado con la transparencia financiera de la jurisdicción. Posada pidió explicaciones sobre los bienes comprometidos por las antiguas FARC para reparar a las víctimas, los contratos, los gastos de viajes y viáticos, los arrendamientos y los recursos destinados a financiar la defensa de antiguos dirigentes de esa organización. La senadora considera que estos asuntos requieren respuestas de fondo y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La parlamentaria también reclamó avances en el proceso relacionado con el reclutamiento de menores por parte de las FARC. Afirmó que la Procuraduría ha enviado cinco solicitudes a la JEP desde marzo para que se convoque la audiencia de reconocimiento de responsabilidad y cuestionó la demora atribuida a la magistrada Lili Rueda. En su pronunciamiento, Posada insistió en que defender la independencia judicial no significa excluir a los magistrados del debate público. Asimismo, advirtió que la defensora del pueblo no tiene facultades para establecer qué opiniones puede expresar una congresista en el ejercicio de sus funciones. La senadora aseguró que continuará examinando las decisiones de la JEP, el uso de sus recursos, las garantías procesales de los integrantes de la fuerza pública y el trato que reciben las víctimas. Finalmente, pidió a Iris Marín prudencia y garantías para el ejercicio del control político, al considerar que las preguntas sobre la gestión institucional deben responderse con argumentos y transparencia.