El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural advirtió sobre lo que considera un posible uso abusivo de los mecanismos de control político por parte del Congreso de la República. Según la entidad, la cantidad de citaciones a debates, derechos de petición y solicitudes de información recibidas durante las primeras semanas de gestión estaría generando una mayor presión administrativa y judicial. De acuerdo con un comunicado divulgado el 27 de octubre de 2026, la cartera contabilizó 30 citaciones a debates de control político en menos de 11 semanas, con corte al 20 de octubre. De ese total, 20 habrían sido presentadas por integrantes del Pacto Histórico, mientras que las nueve restantes corresponderían a cuestionarios que suman 378 preguntas. El reporte también señala que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, estaría citado al Congreso tres de los cinco días hábiles de la semana. La entidad también informó que recibió 124 derechos de petición y solicitudes de información de congresistas, que contienen 1.248 preguntas. Según el balance, 61 de esas solicitudes fueron traducidas en 614 preguntas, lo que representa un promedio de 49,2 % del total. El Ministerio indicó que estas deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos en la Ley 5 de 1992 y otras disposiciones aplicables. En materia de tiempos de respuesta, la cartera señaló que, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, dispone de cinco días para responder las preguntas formuladas en los cuestionarios. Sin embargo, advirtió que, al 20 de octubre, debía responder 1.626 preguntas, una cifra superior a las 21 por día calendario. El Ministerio sostuvo que esta situación no solo representa una carga administrativa, sino que también podría traducirse en una mayor exposición a reclamaciones y acciones judiciales relacionadas con el derecho de petición y la tutela. Pese a este panorama, la entidad aseguró que continúa trabajando para fortalecer la competitividad y el crecimiento del campo colombiano. En el comunicado, defendió la importancia de la vigilancia democrática, pero manifestó su preocupación por la posibilidad de que estos mecanismos sean utilizados con fines distintos a los previstos constitucionalmente. Finalmente, el Ministerio insistió en que el control político debe contribuir a la transparencia institucional y al cumplimiento de las funciones públicas, sin convertirse en un obstáculo para la gestión gubernamental ni para los objetivos de transformación del sector agropecuario. Un debate sobre los límites del control político La denuncia plantea una discusión sobre el equilibrio entre las facultades de vigilancia del Congreso y la capacidad operativa de las entidades del Ejecutivo. Mientras el control político constituye una herramienta legítima para exigir explicaciones sobre la gestión pública, el Ministerio de Agricultura considera necesario revisar el volumen y la frecuencia de los requerimientos para evitar que afecten el cumplimiento de sus responsabilidades. Las cifras divulgadas corresponden al balance presentado por la propia cartera y, por sí solas, no demuestran un uso irregular de los mecanismos de control político. La valoración de un eventual abuso requeriría examinar el contenido, la finalidad y las circunstancias de cada solicitud.

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