La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, relacionada con presuntas ofertas de contratos y cargos públicos a cambio de favores sexuales. Los hechos denunciados estarían vinculados con el periodo en el que Petro se desempeñaba como congresista. La investigación tiene como punto de partida las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría recibido un contrato en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro en el marco de una presunta red de favores sexuales relacionados con el acceso a empleos públicos. De acuerdo con el relato de la denunciante, el contrato habría tenido un valor de 34 millones de pesos y su labor consistía en apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado, que entonces estaba a cargo de Pizarro, particularmente en asuntos relacionados con casos de violencia sexual. Jiménez afirmó que llegó a ese equipo por recomendación de Petro. Magistrado deberá evaluar la denuncia El caso quedó a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, quien deberá examinar la información recibida y determinar las actuaciones correspondientes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, explicó que el proceso se encuentra en una etapa inicial. Según indicó, el magistrado encargado evaluará el material disponible para establecer si procede ampliar la denuncia, escuchar versiones o adoptar otras decisiones dentro de la investigación. La admisión para estudio de la denuncia no implica que exista una declaración de responsabilidad contra las personas señaladas. El avance del proceso dependerá de la valoración de los elementos probatorios y de las decisiones que adopte el magistrado instructor. María José Pizarro rechazó los señalamientos Por su parte, María José Pizarro respondió a las acusaciones y aseguró que no avalaría una situación como la descrita por Jiménez. La excongresista defendió su trayectoria en la promoción de los derechos de las mujeres y sostuvo que su compromiso con estas causas no está sujeto a negociación. Pizarro calificó los señalamientos como infundados y afirmó que detrás de ellos existiría una estrategia para apartarla de la actividad política. También cuestionó a los medios de comunicación que divulgaron la entrevista con la denunciante. En su pronunciamiento, la exsenadora no negó haber contratado a Jiménez ni ofreció detalles sobre las funciones que esta habría desempeñado en su equipo de trabajo. Por ahora, la Corte Suprema deberá determinar el alcance de la denuncia y establecer si existen elementos suficientes para avanzar en las actuaciones judiciales relacionadas con los hechos expuestos por Jiménez.

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