¿Más impuestos y menos austeridad?

¿Por qué el Gobierno quiere cobrarles más impuestos a los colombianos antes de demostrar que ha hecho todo lo posible por recuperar lo que se pierde en evasión y reducir el despilfarro del Estado? Esa es la pregunta que debería dominar la discusión sobre la Ley de Rescate Fiscal del presidente Abelardo De La Espriella. Porque una cosa es reconocer que Colombia atraviesa una grave crisis fiscal y otra muy distinta es aceptar que la primera respuesta tenga que ser aumentar la carga sobre los contribuyentes. El problema no es pequeño. Las proyecciones fiscales que han alimentado este debate hablan de un déficit del 7,8 % del PIB para 2026 y de un posible 9,5 % para 2027. La deuda pública supera los 1.200 billones de pesos y el servicio de la deuda previsto para 2027 ronda los 155 billones. Son cifras que muestran la dimensión del desafío, aunque deben contrastarse con las últimas estimaciones oficiales. Y aquí aparece la contradicción que el Gobierno debe explicar. Colombia necesita más ingresos, pero también pierde recursos por evasión tributaria, mantiene gastos que deben justificarse y arrastra problemas de eficiencia en la administración pública. Las estimaciones de evasión pueden alcanzar decenas de billones de pesos. Pero cuidado: ese dinero no está guardado en una caja esperando que la DIAN lo recoja. Son cálculos de impuestos que no se pagan, y recuperar una parte exige fiscalización, tecnología, procesos legales y tiempo. Precisamente por eso, la discusión no puede reducirse a prometer que toda la evasión financiará el presupuesto. El Gobierno debe demostrar cuánto puede recuperar, en qué plazo y con qué medidas concretas. También debe explicar qué gastos está dispuesto a recortar, qué entidades pueden funcionar con menos recursos y qué resultados obtiene el país por cada peso que gasta el Estado. Porque antes de pedirles nuevos sacrificios a millones de familias, corresponde presentar una cuenta clara de los sacrificios que hará el propio Gobierno. La pregunta no es solamente cuánto más necesitan recaudar. Es cuánto están dispuestos a corregir antes de volver a cobrar. Una reforma tributaria puede ser necesaria. Incluso puede resultar inevitable ante la gravedad del déficit. Pero su legitimidad no depende únicamente de las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda. Depende también de que el esfuerzo sea proporcional, transparente y compartido. El Congreso tiene ahora una responsabilidad enorme: examinar cada impuesto, medir su impacto sobre los hogares y exigir compromisos verificables de austeridad, eficiencia y lucha contra la evasión. Porque si el Estado necesita más dinero, tiene que explicar por qué. Pero si pretende que los colombianos paguen más, primero tiene que demostrar qué está haciendo para gastar mejor. Colombia no puede discutir únicamente cuánto más debe pagar el ciudadano. También tiene que discutir cuánto menos puede desperdiciar el Estado. Y es que en política, nada es casualidad.