¿Fraude desde la DNI de Petro?

¿Fraude desde la DNI de Petro? Mientras Petro e Iván Cepeda, denunciaron en su momento que les robaban las elecciones, paradójicamente ahora los señalamientos de un posible fraude apuntan hacia la inteligencia de su propio gobierno. Esa es la aberrante contradicción que hoy golpea al petrismo: exigían transparencia mientras, al mismo tiempo, según documentos revelados por Noticias Caracol, desde la DNI se habría preparado una operación para alterar los resultados electorales. Si se confirma, sería una hipocresía monumental. De puertas para afuera, denuncias de fraude, discursos de indignación y llamados a defender el voto. De puertas para adentro, una presunta operación contra la voluntad de los mismos colombianos que decían representar. Durante meses, Gustavo Petro cuestionó el proceso electoral. Señaló al software, a los contratistas y a la Registraduría. Después de la segunda vuelta llegó a desconocer la legitimidad del gobierno entrante del presidente Abelardo De La Espriella. Pero hoy debe responder preguntas sobre lo que habría ocurrido dentro de la agencia de inteligencia durante su Presidencia. Y hay que decirlo con precisión: los documentos conocidos no prueban que Petro o Iván Cepeda ordenaran una operación de fraude. Lo que describen es suficientemente grave como para exigir una investigación que establezca si existió, quién la dirigió y quién debía impedirla. El nombre central es Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la investigación de Noticias Caracol, tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026. Horas antes de la primera vuelta habría escapado de un apartamento que funcionaba como fachada de la agencia, antes de la llegada de los investigadores del CTI. Quedaron computadores y celulares. Él escapó. Y seis meses después, cuando finalmente lo capturaron en Neiva, todavía figuraba como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir: un funcionario de la central de inteligencia del Estado, tenía orden de captura vigente y se movía sin problemas. ¿Cómo se explica semejante situación en una entidad de inteligencia? ¿Quién conocía la orden de captura? ¿Qué controles operaron? ¿Quién permitió que siguiera vinculado? No hace falta anticipar una condena para exigir esas respuestas. Pero el señalamiento más delicado está en los documentos internos conocidos por el noticiero. Allí se atribuye a Oyola el liderazgo de una red que supuestamente realizaría trabajos para cambiar los resultados de la votación del 21 de junio y ejecutar ataques contra la Registraduría. Eso todavía debe comprobarse. Pero estamos hablando de una posible operación contra unas elecciones desde una entidad del Estado. El asunto compromete el uso de capacidades públicas que debían proteger a los colombianos. La inteligencia estatal maneja información sensible y recursos que una campaña política no debería tener a su disposición. Si alguien intentó utilizar esas capacidades para favorecer una candidatura, habría cruzado una frontera gravísima: poner el aparato público al servicio de la permanencia de un sector en el poder. Ahí está el centro de este escándalo. Mientras Petro alimentaba sospechas sobre quienes organizaban las elecciones, dentro de su propia agencia habría existido una amenaza contra el proceso electoral. El gobierno que reclamaba garantías tiene ahora que explicar qué garantías ofrecían sus controles internos. Esa contradicción también interpela al Pacto Histórico. Un movimiento que hizo de las denuncias de fraude una bandera política debe exigir que se esclarezca este caso con el mismo empeño. La transparencia se demuestra cuando la investigación toca a los propios. Porque resulta cómodo reclamar investigaciones sobre los adversarios. La coherencia se mide cuando los documentos comprometen a funcionarios vinculados al gobierno que uno defendió. Si los señalamientos son ciertos, la hipocresía sería demoledora: presentarse ante el país como víctima de una manipulación electoral mientras desde una dependencia del Ejecutivo se intentaba manipular la elección. La víctima habría sido el ciudadano. El colombiano que hizo la fila, marcó su tarjetón y depositó un voto convencido de que su decisión sería respetada. A ese ciudadano le deben explicaciones. También hay que examinar con rigor el discurso de Petro. El 2 de junio cuestionó miles de mesas y relacionó supuestas anomalías con la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda. La Registraduría respondió y rechazó sus afirmaciones sobre modificaciones del software y cifras del proceso. En julio, Petro elevó la acusación. Habló de un supuesto fraude mediante algoritmos y desconoció la legitimidad del gobierno entrante. En agosto volvió a insistir en presuntas adulteraciones de documentos electorales. Sus palabras tenían un peso enorme. Hablaba desde la Presidencia de la República. Cada acusación podía debilitar la confianza de millones de personas en el resultado y en las instituciones encargadas de protegerlo. Por eso hoy no puede tratar esta denuncia como un asunto menor. Quien reclamó revisar los sistemas electorales debe respaldar que se revisen las actuaciones de la inteligencia durante su gobierno. Y esa revisión debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas. Sin convertir a un funcionario en culpable de todo para evitar preguntas sobre sus superiores. Sin atribuirles órdenes a Petro o a Cepeda que todavía no están acreditadas. Con una investigación capaz de reconstruir responsabilidades individuales. Hay que establecer si hubo instrucciones, comunicaciones, recursos asignados o intentos de acceso a los sistemas. También qué información contienen los equipos recuperados y si permiten corroborar los señalamientos de los documentos. Porque una anotación interna abre una línea de investigación. Las pruebas deben determinar qué ocurrió. Y aquí aparece la dimensión democrática del caso. Si se confirma que desde la DNI se intentó alterar la elección, lo que estuvo amenazado fue el derecho del país a cambiar de gobierno. Una democracia depende de que quien pierde entregue el poder y de que ninguna autoridad utilice recursos estatales para torcer la decisión de las urnas. Cuando esa regla se rompe, el voto deja de ser una garantía para el ciudadano. Por eso sería irresponsable reducir este caso a una pelea entre petristas y opositores. La pregunta es si alguien pretendió usar una institución pública para imponer un resultado que los colombianos no habían escogido. Todavía no está probado que los resultados fueran modificados. Tampoco podemos afirmar, con lo conocido, que una operación estuviera a punto de conseguirlo. Pero la posibilidad de que se hubiera intentado desde la inteligencia estatal exige una respuesta institucional contundente. Colombia debe saber qué ocurrió y cerrar cualquier camino que permita repetirlo. Petro y el Pacto Histórico exigían que el país desconfiara del resultado electoral. Ahora les corresponde respaldar una investigación sobre lo que habría pasado dentro de su propio gobierno. Esa es la prueba de coherencia que tienen enfrente. Porque denunciar un fraude mientras desde el Estado se prepara otro, si eso se demuestra, sería una de las formas más graves de hipocresía política: invocar la democracia para intentar desconocer la voluntad popular. La inteligencia del Estado no puede convertirse en el comando electoral de ningún gobierno. Y es que en política, nada es casualidad.