El Congreso de la República avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca modificar la estrategia del Estado frente a las organizaciones criminales y establecer nuevas reglas para quienes decidan abandonar las actividades ilegales y someterse a la justicia. La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley 296 de 2026 del Senado y 433 de 2026 de la Cámara de Representantes, propone cambios al marco jurídico utilizado durante la política de paz total, particularmente en lo relacionado con los gestores y voceros de paz, así como con la suspensión de órdenes de captura. Uno de los principales cambios consiste en establecer que el sometimiento de los integrantes de estructuras criminales se adelante bajo las reglas de la justicia ordinaria, sin crear una jurisdicción especial ni abrir negociaciones políticas con las organizaciones ilegales. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y ponente de la propuesta, explicó que el objetivo es establecer condiciones jurídicas para quienes decidan someterse, sin que el Estado suspenda su obligación de combatir a las estructuras criminales. Entre los compromisos contemplados en el proyecto se encuentran la entrega de armas, el abandono de las actividades ilícitas, el suministro de información sobre el funcionamiento de las organizaciones y la colaboración con las investigaciones judiciales. También se incluyen obligaciones relacionadas con la liberación de personas secuestradas, la entrega de menores reclutados y la identificación de bienes que puedan destinarse a la reparación de las víctimas. La verificación de estos compromisos estaría en manos de fiscales y jueces de la República, quienes tendrían la responsabilidad de determinar si los postulados cumplen los requisitos para acceder a los tratamientos penales diferenciados previstos en la iniciativa. Críticas a los mecanismos de la paz total Durante la discusión legislativa, Cadavid cuestionó los resultados de la política de paz total implementada por el Gobierno anterior. El congresista aseguró que, según sus cifras, los integrantes de grupos armados pasaron de aproximadamente 15.000 en 2022 a 28.000 al cierre de esa administración. El senador también expresó reparos frente a las figuras de gestores, voceros y facilitadores de paz, al considerar que la suspensión de órdenes de captura no estuvo acompañada de garantías suficientes para asegurar el abandono de las actividades criminales. Como ejemplos mencionó los casos de alias Violeta, relacionada con el atentado al centro comercial Andino, y alias Calarcá, cuyos tratamientos dentro de esos mecanismos fueron objeto de sus cuestionamientos. Debate político y plazo legislativo La propuesta también ha generado diferencias entre congresistas. Durante el debate en el Senado, Carolina Corcho advirtió sobre posibles escenarios de impunidad, mientras que Ariel Ávila manifestó inquietudes frente a las facultades que tendría el Gobierno para reglamentar el sometimiento individual. En la sesión del 30 de octubre, la plenaria del Senado rechazó la ponencia de archivo con 45 votos en contra y 19 a favor. Sin embargo, todavía permanecían pendientes varias votaciones del articulado. Por su parte, la Cámara de Representantes fue convocada para sesionar el lunes festivo 2 de noviembre, con el propósito de avanzar en el segundo debate de la iniciativa. El proyecto también busca modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia está prevista hasta el 4 de noviembre de 2026. Este plazo convierte el trámite legislativo en una discusión clave para definir la continuidad del marco jurídico y las herramientas que tendrá el Estado frente a las organizaciones armadas ilegales. La discusión determinará el alcance de los mecanismos de sometimiento y las condiciones que deberán cumplir quienes pretendan acceder a beneficios judiciales. También pondrá sobre la mesa el papel de las víctimas, las garantías de reparación y la capacidad de las instituciones para verificar que los compromisos adquiridos se cumplan efectivamente.
Ley de sometimiento busca desmontar la ‘paz total’: estos son los cambios que plantea el Congreso
La iniciativa que debate el Congreso propone modificar las condiciones para que integrantes de organizaciones armadas se sometan a la justicia ordinaria.
