Los Alcocer y su red de poder en el Gobierno Petro: ¿hasta dónde llegaron?

Las relaciones familiares de Verónica Alcocer, exprimera dama durante el Gobierno de Gustavo Petro, vuelven a estar en el centro del debate público por una serie de señalamientos y contratos estatales que involucran a personas de su entorno. Entre los nombres que aparecen en las revelaciones está el de Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor relacionado con la compañía Country Motors. El caso se conoce en medio de las denuncias formuladas por Eva Ferrer, antigua colaboradora de Alcocer, quien ha señalado presuntas irregularidades que incluyen posibles cobros por nombramientos, operaciones financieras y negocios relacionados con Venezuela. La Fiscalía mantiene una indagación sobre estas afirmaciones, cuya veracidad deberá establecerse mediante las actuaciones judiciales correspondientes. Alcocer, por medio de su apoderado, ha manifestado su disposición de colaborar con las autoridades. También ha cuestionado los intentos de relacionarla con hechos que, según sostiene, se fundamentan en versiones de terceros y no en información de conocimiento directo. Country Motors y las operaciones relacionadas con la UNGRD Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la participación de Country Motors en una operación comercial para la venta de 40 vehículos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú. De acuerdo con las informaciones publicadas, los automotores fueron posteriormente adaptados y comercializados con destino a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en una operación valorada en $29.000 millones. En este proceso aparece Francisco Estupiñán, representante de Yapurutú, quien aceptó cargos en agosto por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Santiago Rafael Alcocer Vélez sostuvo que Country Motors no contrató directamente con la UNGRD, sino que suministró camiones a proveedores de esa entidad. Además, afirmó que colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos y defendió la legalidad de las operaciones comerciales de su compañía. El empresario también señaló que sus actividades de contratación pública se han desarrollado a través de los procedimientos establecidos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). Asimismo, negó tener propiedades o residencia en Miami y aseguró que ninguna autoridad lo ha citado. Contratos con el Sena y otras entidades públicas Los registros contractuales citados en las publicaciones periodísticas también incluyen un negocio de Country Motors con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), regional La Guajira, por $849 millones, firmado en diciembre de 2025. El contrato tenía como finalidad la adquisición de vehículos para un proyecto relacionado con la restauración de aerobombas en comunidades wayúu. La compañía también ha celebrado acuerdos con la Gobernación de Bolívar y otras entidades públicas para la compra y el mantenimiento de automotores. Estos antecedentes han puesto bajo atención las relaciones comerciales de la empresa con el sector público. Sin embargo, la existencia de contratos estatales no constituye por sí misma una prueba de irregularidades, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse a partir de las evidencias y las decisiones de las autoridades competentes. Las denuncias contra Verónica Alcocer siguen bajo investigación Las declaraciones de Eva Ferrer también han involucrado a otros integrantes del entorno familiar y político de la exprimera dama. Entre ellos figura Mario Fernández Alcocer, diputado de Sucre, quien negó haber tenido negocios con el empresario catalán Manel Grau, aunque reconoció haberse reunido con él y con su prima. El diputado también rechazó las versiones que relacionan su fallida aspiración a la Gobernación de Sucre con recursos provenientes de Caracas y anunció que prepara una declaración con sus abogados. Según la información divulgada, Ferrer ha formulado señalamientos sobre supuestos intermediarios, posibles cobros asociados a nombramientos públicos y presuntas operaciones financieras. La Fiscalía la ha citado en varias oportunidades para ampliar su denuncia y aportar elementos probatorios. La excolaboradora no asistió a la citación más reciente, realizada el 14 de octubre, aunque su abogado aseguró que mantendrá sus acusaciones. A estos cuestionamientos se suman controversias anteriores relacionadas con gastos de viajes oficiales, contratación de asesores y presuntos vínculos con personas cercanas a la exprimera dama. No obstante, estos asuntos deben diferenciarse de los hechos que han sido formalmente investigados y de aquellos sobre los que todavía no existe una determinación judicial. Un caso pendiente de aclaración Las relaciones entre el entorno familiar de Verónica Alcocer, los empresarios mencionados y los contratos con entidades estatales continúan generando interrogantes sobre el alcance de sus vínculos con la administración pública durante el Gobierno Petro. Por ahora, las denuncias contra la exprimera dama y los cuestionamientos alrededor de operaciones comerciales relacionadas con Country Motors deben examinarse a la luz de las pruebas disponibles. La determinación de posibles responsabilidades corresponde a los organismos judiciales y de control, mientras los señalados conservan el derecho a defenderse y a que se presuma su inocencia.