La situación judicial de los hermanos Daniel y Miguel Quintero atraviesa un momento complejo. Mientras el exalcalde de Medellín deberá responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con su participación en política, su hermano Miguel Andrés permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, por un proceso de presunta corrupción. El nuevo frente disciplinario contra Daniel Quintero se originó por unas declaraciones que entregó el pasado 21 de junio, cuando se desempeñaba como superintendente nacional de Salud y se desarrollaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ese día, desde el teatro Royal Center de Bogotá, donde se encontraba el equipo político de Iván Cepeda, Quintero concedió una entrevista al medio La Razón.co. Durante la conversación se refirió a los resultados del preconteo electoral y planteó la necesidad de revisar las actas de votación ante las supuestas irregularidades denunciadas por la campaña del candidato. «Los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos», manifestó en aquella oportunidad. Para el Ministerio Público, estas declaraciones podrían constituir una intervención indebida en política, teniendo en cuenta que Quintero ejercía un cargo público y debía mantener una conducta ajustada a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de dolo y, con la formulación del pliego de cargos, abrió paso a la etapa de juzgamiento disciplinario. El exfuncionario tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos, controvertir las pruebas y ejercer su defensa. Quintero, por su parte, había defendido anteriormente sus pronunciamientos al señalar que esperó el cierre de las urnas para expresar su opinión y que hacerlo constituía un derecho constitucional. Miguel Quintero permanece en la cárcel de Cómbita Mientras Daniel Quintero enfrenta el nuevo proceso disciplinario, su hermano Miguel Andrés permanece privado de la libertad en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Cómbita, en Boyacá. Su reclusión está relacionada con una investigación por presunta corrupción en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El traslado a ese establecimiento penitenciario se produjo después de que un juez de segunda instancia revocara la detención domiciliaria que Miguel Quintero cumplía desde el pasado 2 de octubre. La decisión generó nuevas reacciones públicas. El presidente Abelardo De la Espriella difundió imágenes del traslado del investigado y aseguró que su Gobierno no permitirá privilegios ni impunidad. Daniel Quintero respondió a través de sus redes sociales, donde expresó su respaldo a su hermano y cuestionó las actuaciones dentro del proceso. «Fuerza, Miguel. Creo en ti. Se hará justicia», escribió. Miguel Quintero busca regresar a una cárcel de Antioquia A la controversia se sumó una acción de tutela presentada por Miguel Quintero contra el Inpec, con la que busca que sea trasladado a un establecimiento penitenciario del Valle de Aburrá. Su defensa argumentó que la decisión debe considerar el debido proceso, el derecho a la defensa y la unidad familiar, especialmente por la existencia de menores de edad. La petición fue cuestionada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien rechazó que el caso se presente como una persecución política y defendió las actuaciones judiciales relacionadas con la investigación. De esta manera, los dos hermanos enfrentan procesos diferentes: Daniel Quintero deberá responder ante la Procuraduría por sus actuaciones durante la contienda presidencial de 2026, mientras Miguel Andrés continúa recluido por la investigación sobre los contratos públicos en Antioquia.

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