Solo el 5,8 % de los homicidios llega a una condena en los primeros 18 meses. Menos de seis por cada cien. Ese es el resultado que la fiscal general Luz Adriana Camargo tiene que explicarles a los colombianos. El peor indicador de condenas de los últimos veinte años, según un reciente estudio de la Universidad de los Andes. Un fracaso que ninguna discusión metodológica puede volver aceptable. La Fiscalía esclarece menos asesinatos, lleva menos casos a condena y tarda más en conseguirla. El deterioro golpea toda la investigación: desde señalar formalmente al presunto responsable hasta demostrar su culpabilidad. Para las familias significa más espera. Para los criminales, una amenaza de castigo cada vez menos creíble. Pero, hay más datos reveladores: apenas 15 de cada cien homicidios dolosos llegan a imputación durante el primer año. Y ese cálculo incluye capturas en flagrancia, cuando la Policía entrega al presunto responsable desde el comienzo. Ni siquiera con esos casos incluidos la Fiscalía consigue un resultado digno de defender. La fiscal Camargo no puede atribuirse personalmente cada expediente que fracasa. Pero sí tiene que responder por la entidad que dirige. Para eso ocupa el cargo. Su responsabilidad es detectar dónde se atascan las investigaciones, exigir avances y corregir lo que no funciona. Si los resultados empeoran bajo su administración, explicar las dificultades no basta: tiene que demostrar capacidad para resolverlas. La caída comenzó antes de su llegada. Eso no la exonera: bajo su dirección se profundizó. Según el estudio, la tasa de imputación a doce meses pasó de alrededor del 21,9 % a mediados de 2024 al 15,1 %. Una institución que ya venía perdiendo eficacia necesitaba una dirección capaz de frenar el retroceso. Los datos muestran que no lo consiguió. La respuesta institucional tampoco despeja el problema. La Fiscalía sostuvo que ahora privilegia las sentencias condenatorias. Pues justamente ese indicador está en el suelo: 5,8 % a los 18 meses, cerca de un 39 % menos que siete años atrás. También cuestionó que el estudio contara por indiciado. Los investigadores respondieron que calcularon por proceso y con datos de la propia entidad. Camargo debe resolver esa controversia con evidencia verificable y publicar sus resultados completos. Y hay otra advertencia: los casos que sí llegan a condena están demorando más, según los investigadores. No significa que todos los demás quedarán impunes para siempre. Significa que la Fiscalía ofrece menos resultados dentro de los plazos estudiados y que incluso sus resultados favorables tardan más en llegar. Ese es el balance que debe enfrentar la fiscal Luz Adriana Camargo. Una entidad con casi cinco mil fiscales necesita dirección, seguimiento y correcciones. Si falla la gestión, el costo no queda en el despacho de Camargo. Lo pagan las familias que siguen esperando justicia y los ciudadanos expuestos a criminales que no han recibido castigo. La autoridad de una fiscal no la demuestra el cargo que ocupa, sino su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia. Y estas cifras dejan la gestión de Luz Adriana Camargo muy mal parada. Y es que en política, nada es casualidad.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo