Gustavo Petro tiene que responder por haberle dado oxígeno político a una dictadura que reprimió opositores, persiguió ciudadanos y gobernó una Venezuela de la que salieron casi ocho millones de personas. Un informe señala que su diplomacia ayudó a Maduro a soportar la presión por el fraude electoral. ¿Dónde quedó la defensa del pueblo cuando el verdugo era su aliado? Ese es el fondo de esta historia. La responsabilidad política de un presidente que mantuvo cercanía con Nicolás Maduro mientras los venezolanos exigían garantías para decidir su futuro. Y conviene decir de qué régimen estamos hablando. Uno que encarceló adversarios, castigó la protesta y utilizó el aparato del Estado para intimidar a quienes podían disputarle el poder. La represión está documentada por investigadores de Naciones Unidas. No depende de la opinión que tengamos sobre Petro, sobre Estados Unidos o sobre la oposición venezolana. Hubo personas detenidas por participar en actividades opositoras. Incluso por prestar transporte, alimentación y hospedaje a una campaña. En Venezuela, colaborar con el adversario del gobierno podía convertirse en motivo de persecución. Después de las elecciones de julio de 2024 llegaron las detenciones masivas. Mientras los ciudadanos reclamaban pruebas del resultado, el régimen respondía con fuerza y arrestos. Por eso resulta tan cuestionable la consideración diplomática que Petro tuvo con Maduro. Cada llamado a la prudencia debía medirse también desde la situación de las víctimas. ¿Prudencia para proteger a quién? ¿Para conseguir qué? ¿Durante cuánto tiempo? El informe del Miranda Center for Democracy sostiene que las decisiones del gobierno colombiano redujeron el costo internacional del fraude electoral venezolano. Es un centro privado de Washington, no el gobierno estadounidense. Su señalamiento examina una conducta política: cómo la actuación de Bogotá terminó dándole margen al régimen. Y ese margen tenía consecuencias. Maduro había sido proclamado ganador sin que se publicaran los resultados desglosados por mesa necesarios para verificar su victoria. La oposición reunió actas de alrededor del 80 por ciento de las mesas. El Centro Carter concluyó que las elecciones no cumplieron los estándares internacionales de integridad y que no podían considerarse democráticas. Frente a eso, la obligación de exigir respuestas era elemental. Pero el gobierno colombiano insistió en una estrategia de diálogo y mediación cuya eficacia tiene que explicar. Porque mientras se prolongaban las conversaciones, quien controlaba las instituciones seguía mandando. Los ciudadanos, en cambio, seguían esperando garantías. Ahí está el señalamiento de complicidad política: una diplomacia que, según el informe, contribuyó a aliviar la presión sobre el responsable de rendir cuentas. El documento no demuestra que Petro organizara el fraude ni acredita un pacto clandestino para ejecutarlo. Sí plantea una pregunta demoledora: por qué su gobierno terminó beneficiando políticamente al régimen que debía responder por él. La defensa de Petro es que nunca reconoció el resultado anunciado por Maduro. Su gobierno también pidió divulgar las actas. Esos hechos deben contarse. Pero no bastan para presentar su política como un éxito. Pedir transparencia obliga a explicar qué se hizo cuando la transparencia no llegó. Tener interlocución con Maduro obliga a mostrar qué garantías produjo esa interlocución. De lo contrario, la cercanía termina sirviéndole más al gobernante cuestionado que a los ciudadanos que necesitan protección. Y el costo humano de esa historia es enorme. Cerca de 7,9 millones de venezolanos salieron de su país buscando protección y una vida mejor. Casi ocho millones. Las razones individuales son distintas, pero juntas retratan el fracaso de un país para ofrecerles seguridad, sustento y futuro a millones de sus habitantes. Familias partidas. Padres que envejecieron lejos de sus hijos. Profesionales que perdieron su estabilidad y tuvieron que empezar de cero. Personas que cruzaron fronteras porque quedarse había dejado de ser una opción viable. Cada una de esas vidas merece más consideración que la comodidad diplomática de Maduro. También están los vínculos con el narcotráfico dentro del aparato chavista. Hay hechos judiciales concretos: Hugo Carvajal, antiguo jefe de inteligencia militar venezolano, se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas, en una conspiración que involucraba a las FARC. Un antiguo jefe de inteligencia militar. Un hombre que conoció el poder desde adentro. Su admisión de culpabilidad demuestra que esos nexos no pueden despacharse como simples inventos de los enemigos del chavismo. Las acusaciones contra Maduro tienen su propio proceso y no equivalen a una condena, pero el antecedente de Carvajal es real. Ese era el entorno frente al cual Petro debía ejercer una política exterior firme, independiente y capaz de exigir cuentas. Colombia necesitaba relaciones con Venezuela. Compartimos frontera, comercio, familias y problemas de seguridad. Pero mantener relaciones nunca obligó a conceder indulgencia. Precisamente por la importancia del vínculo, Bogotá tenía que cuidar que sus necesidades no se convirtieran en una ventaja para Maduro. Si Caracas era importante para la Paz Total, Petro debía evitar que esa dependencia debilitara sus reclamos. Si había proyectos energéticos, debía impedir que las expectativas comerciales condicionaran su posición. Y si existía afinidad ideológica, tenía que demostrar que los derechos de los venezolanos pesaban más que la cercanía con su gobernante. Esa es la cuenta pendiente. Porque resulta muy cómodo proclamarse defensor de los pueblos cuando el abuso lo comete un adversario. La coherencia se prueba cuando hay que enfrentar al aliado, exigirle respuestas y aceptar el costo de incomodarlo. Con Maduro, Petro tiene que explicar por qué su cercanía no produjo garantías suficientes para los venezolanos y por qué, según el informe, su diplomacia terminó reduciendo la presión sobre la dictadura. No basta con decir que buscaba la paz. Hay que mostrar a quién protegió esa política y qué consiguió para las víctimas. La solidaridad con Venezuela se demuestra defendiendo a los venezolanos, incluso frente a Maduro. Y una diplomacia que le da oxígeno al poder mientras las víctimas esperan merece un juicio político severo, por más discursos humanitarios que la acompañen. Y es que en política, nada es casualidad.

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