La crisis financiera de Air-e continúa agravándose y amenaza con convertirse en uno de los principales focos de preocupación para el sector energético colombiano. Las deudas de la compañía con otros agentes del mercado eléctrico podrían superar los $4 billones al cierre de diciembre de 2026, en medio de los cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la empresa y las medidas adoptadas para sanear sus finanzas. De acuerdo con las cifras expuestas por el operador del mercado eléctrico XM, las obligaciones acumuladas en el mercado mayorista alcanzaron los $4,29 billones en agosto de 2026, con Air-e como uno de los principales actores detrás de esta situación. En septiembre de 2024, cuando la empresa fue intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro, sus deudas con compañías del sector rondaban los $530.000 millones. El crecimiento de estas obligaciones representa una presión considerable para los generadores de energía, especialmente las plantas térmicas, que necesitan recursos para adquirir combustibles y mantener la producción eléctrica. Según cálculos de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las deudas de Air-e con este segmento podrían superar los $2,5 billones en diciembre de 2026. A este panorama se suman las dificultades para garantizar el suministro de gas y los efectos de una mayor demanda de generación térmica ante condiciones climáticas adversas. La combinación de estos factores aumenta la vulnerabilidad financiera de las empresas y plantea riesgos para el funcionamiento del mercado energético. Gobierno busca alternativas con la banca Durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista, realizado en octubre, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, aseguró que se estudian alternativas con entidades bancarias para encontrar una salida a las dificultades financieras de Air-e. La posibilidad de acceder a financiación, sin embargo, abre interrogantes sobre las garantías que respaldarían las operaciones, el origen de los recursos para pagar los préstamos y la eventual participación del Estado. Para representantes de la industria, cualquier mecanismo debe contar con reglas claras y condiciones que permitan evaluar quién asumirá los riesgos. Silvana Habib, presidenta de Asoenergía, consideró positiva la búsqueda de alternativas, aunque insistió en la necesidad de conocer la estructura financiera de la propuesta, las garantías de pago y las responsabilidades que tendría la Nación. Por su parte, el economista Iván Arroyave advirtió que el crédito bancario podría ayudar a organizar el flujo de caja de Air-e, pero difícilmente resolvería por sí solo el déficit acumulado. A su juicio, la solución requiere establecer quién responderá por las obligaciones, de dónde saldrán los recursos y qué respaldo tendrá la financiación. El analista también señaló que Air-e necesita alrededor de $430.000 millones mensuales para comprar energía, una cifra que no necesariamente recupera mediante el recaudo de sus usuarios. Por ello, insistió en que cualquier apoyo financiero debe estar acompañado de medidas estructurales para corregir las pérdidas, mejorar el recaudo, garantizar inversiones y establecer responsabilidades verificables. La situación también está marcada por la rotación de directivos: desde la intervención de la compañía han pasado siete personas por la gerencia, un factor que refleja las dificultades para consolidar una estrategia de largo plazo. Mientras el Gobierno evalúa opciones para aliviar las obligaciones de la empresa, el sector energético espera conocer una solución que permita contener el crecimiento de la deuda sin trasladar costos injustificados a los usuarios ni comprometer recursos públicos sin garantías suficientes.

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