Las explosivas declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, llevaron el caso a un nuevo escenario: las autoridades buscan esclarecer las graves acusaciones que involucran a la exprimera dama y a otras figuras cercanas al Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía citó nuevamente a Ferrer para que entregue su versión sobre los hechos que ha divulgado públicamente, mientras la Procuraduría General de la Nación convocó a seis personas a declarar bajo juramento dentro de las actuaciones relacionadas con las presuntas irregularidades denunciadas. Entre los señalamientos de Ferrer figuran supuestos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela, posibles cobros por gestionar reuniones con Petro y presuntas actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas. También aseguró que habría existido influencia indebida en decisiones y nombramientos estatales. Uno de los episodios más delicados que relató estaría relacionado con un supuesto viaje a Venezuela en enero de 2023, durante el cual, según su versión, Alcocer habría transportado droga en un avión oficial y regresado con 2,5 millones de dólares. Sin embargo, parte de estas afirmaciones se basa en información que Ferrer dijo haber recibido de terceros, por lo que corresponde a las autoridades establecer si existen pruebas que las respalden. La exasesora también sostuvo que supuestamente se cobraban 50.000 euros por organizar reuniones con el entonces presidente y mencionó presuntas intermediaciones relacionadas con personas investigadas por actividades ilícitas. Ninguna de estas acusaciones debe considerarse un hecho probado mientras no sea verificada por las autoridades competentes. Angie Rodríguez se suma a la controversia La polémica tomó más fuerza después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), respaldara públicamente parte del relato de Ferrer y denunciara supuestos episodios de agresión por parte de Alcocer. Rodríguez también hizo señalamientos sobre presuntas interferencias en asuntos de contratación estatal. Sus declaraciones ampliaron el alcance de la controversia y pusieron bajo atención pública las relaciones y tensiones entre antiguas integrantes del círculo presidencial. Por su parte, Laura Sarabia cuestionó que las denuncias no se hubieran presentado oportunamente ante las autoridades y reclamó que los señalamientos estén acompañados de pruebas. Sostuvo que son los organismos competentes los llamados a determinar si existieron conductas ilícitas. El senador Agmeth Escaf, quien también fue mencionado por Ferrer, rechazó las acusaciones y anunció que prepara acciones judiciales por presunta calumnia. El congresista calificó la controversia como una campaña de desprestigio contra él, Petro y sectores del progresismo. Las autoridades tienen ahora la palabra La Fiscalía deberá escuchar la versión de Ferrer, examinar el origen de la información y establecer qué elementos pueden verificarse. La Procuraduría, por su parte, ordenó practicar pruebas para esclarecer los hechos incluidos en sus actuaciones. El caso abre un nuevo capítulo de tensión política alrededor del entorno del expresidente Gustavo Petro. No obstante, el desenlace dependerá de las evidencias que logren recopilar los investigadores y de las conclusiones que adopten las autoridades, no únicamente de las declaraciones públicas de los involucrados.

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