La fiscal general Luz Adriana Camargo hizo uno de los balances más contundentes sobre la principal apuesta de seguridad y negociación del gobierno de Gustavo Petro. Su conclusión fue categórica: la Paz Total no fue exitosa.
Camargo señaló que la estrategia tuvo “muchísimas dificultades” y apuntó directamente a problemas en su diseño. Según explicó, abrir múltiples diálogos regionales de manera simultánea exigía una capacidad de planeación que, a su juicio, estuvo ausente.
Pero el problema no fue solamente de organización. La fiscal cuestionó que las conversaciones terminaran dispersándose entre diferentes estructuras y mandos, cuando los acuerdos realmente necesitaban interlocutores con capacidad efectiva para ordenar y controlar a sus organizaciones.
A eso se sumó un punto todavía más delicado: la falta de voluntad real de algunos actores criminales para alcanzar acuerdos serios de paz.
Mientras el Gobierno intentaba mantener abiertas las negociaciones, la Fiscalía enfrentaba restricciones para ejecutar órdenes de captura contra personas que participaban como representantes de organizaciones armadas en las mesas. Camargo aclaró que esas suspensiones correspondían a órdenes nacionales y no incluían las emitidas con fines de extradición.
La Fiscalía, además, continuó investigando delitos cometidos durante el periodo de las negociaciones. Camargo puso sobre la mesa casos de integrantes de estructuras armadas que siguieron siendo investigados por hechos ocurridos mientras los diálogos estaban en marcha.
El balance resulta especialmente significativo porque proviene de la propia fiscal general que tuvo que enfrentar desde la justicia las consecuencias de esa política.
La Paz Total nació como una de las grandes banderas del gobierno Petro. Camargo terminó resumiendo su resultado en pocas palabras: faltó planeación, los diálogos se dispersaron, algunos grupos siguieron delinquiendo y no existió suficiente voluntad para alcanzar acuerdos reales. “Definitivamente no lo fue”.