La decisión fue anunciada el domingo 27 de septiembre, durante una alocución televisada. El mandatario aseguró que las finanzas públicas atraviesan una situación crítica y señaló que el Estado enfrenta dificultades para atender simultáneamente el servicio de la deuda y sus gastos de funcionamiento. El anuncio se produce en medio de una creciente presión sobre las cuentas fiscales. Según cifras citadas en el debate económico, el déficit del Gobierno Nacional Central llegó al 6,7 % del PIB en 2024, frente al 4,2 % registrado en 2023. Además, la deuda pública bruta alcanzó el 61,2 % del PIB al cierre de ese año. El Fondo Monetario Internacional ya había advertido sobre el deterioro de las finanzas públicas colombianas en su consulta del Artículo IV de 2025. El organismo señaló que el incremento del déficit y de la deuda había elevado los diferenciales de riesgo soberano, aunque destacó que las reservas internacionales del país permanecían en niveles adecuados. La eventual negociación con el FMI no implica necesariamente que Colombia enfrente una falta inmediata de reservas. El principal desafío está relacionado con la trayectoria de las finanzas públicas, el déficit y las necesidades de financiamiento del Estado. Colombia tiene antecedentes de acuerdos con el organismo. En 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el FMI aprobó un acuerdo por 1.957 millones de derechos especiales de giro, equivalente entonces a unos 2.700 millones de dólares. El programa estuvo acompañado de compromisos de política económica y medidas de ajuste fiscal. Durante la pandemia, el país también recurrió a la Línea de Crédito Flexible del FMI. En diciembre de 2020 Colombia realizó un desembolso de 5.400 millones de dólares para atender las mayores necesidades de financiamiento generadas por la emergencia sanitaria. Posteriormente, el país redujo ese saldo y en 2025 canceló el acuerdo de Línea de Crédito Flexible aprobado en 2024, bajo el cual no se habían efectuado desembolsos. Por ahora, el Gobierno no ha precisado qué mecanismo pretende negociar con el Fondo. Entre las posibilidades se encuentran un programa tradicional de financiamiento, una línea precautoria u otro instrumento disponible para los países miembros. La definición será determinante para establecer si una eventual negociación contempla recursos, compromisos fiscales, metas económicas y revisiones periódicas. Mientras el presidente ha planteado el diálogo con el FMI como una alternativa para enfrentar las dificultades fiscales, el Gobierno también ha señalado la inversión privada y el crecimiento económico como parte de su estrategia. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha destacado oportunidades de inversión en sectores como energía, hidrocarburos, minería, infraestructura, inteligencia artificial y agroindustria. De esta manera, el Gobierno deberá definir en los próximos meses el alcance de las conversaciones con el FMI y las medidas que acompañarán su estrategia para enfrentar el déficit, controlar el crecimiento de la deuda y garantizar el financiamiento de las obligaciones del Estado.

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