Un nuevo episodio de controversia rodea al expresidente Gustavo Petro luego de que Deicy Alejandra Jiménez Ramírez divulgara en redes sociales un video privado de 54 segundos, en medio de las denuncias que ha presentado sobre una presunta red de explotación sexual y supuestos ofrecimientos de contratos públicos a cambio de favores sexuales durante el anterior Gobierno. La grabación, que ha generado reacciones políticas y jurídicas, será entregada a las autoridades para que haga parte del material de investigación. Así lo confirmó Dina Luz Malo Andrade, nueva representante legal de Jiménez, quien anunció que el video será puesto a disposición de los investigadores para establecer su autenticidad, procedencia y valor probatorio.
La abogada también denunció que su representada ha recibido amenazas y aseguró que el anterior apoderado, Pipe Caballero, renunció a continuar con el caso debido a las intimidaciones. Por esta razón, solicitó garantías de seguridad para Jiménez y para quienes participan en su defensa. Además, pidió a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección investigar un presunto seguimiento del que habría sido víctima la denunciante el pasado 3 de noviembre, cuando realizaba actividades cotidianas. La jurista reclamó que se establezca quién estaría detrás de estos hechos y de la posterior divulgación de imágenes.
Desde el ámbito político, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza calificó como graves las denuncias y pidió que el video sea examinado por las autoridades. La congresista advirtió que, de comprobarse el presunto uso del poder presidencial y de recursos públicos para obtener favores sexuales, se estaría frente a una situación de abuso de poder e instrumentalización de mujeres. Por su parte, Gustavo Petro rechazó las acusaciones y aseguró que nunca utilizó contratos estatales para conseguir favores personales. El exmandatario sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y méritos, y cuestionó que se pretenda afectar sus nombres con estos señalamientos. Sobre la grabación, Petro manifestó que todavía no ha sido sometida a un análisis pericial ni valorada por un juez. También señaló que se desconocen su fecha, procedencia y contexto, y reiteró que en las imágenes no aparece ningún contrato, pago o decisión administrativa que respalde las acusaciones. El abogado del expresidente, Alejandro Carranza, también se pronunció y afirmó que Petro atenderá los requerimientos de las autoridades judiciales. Según su comunicación, el fragmento divulgado no constituye por sí solo una prueba y deberá someterse a verificaciones técnicas que permitan establecer su autenticidad e integridad. El caso queda ahora a la espera de las actuaciones de las autoridades, que deberán determinar el alcance de las denuncias, verificar el material audiovisual y establecer si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades. Mientras tanto, la controversia continúa generando repercusiones políticas y nuevas exigencias de protección para la denunciante.