El Pacto Histórico, molesto con la Ley de Sometimiento porque acaba con la alcahuetería a los bandidos

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia abrió un nuevo frente de confrontación política entre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y los sectores que respaldaron la política de paz total impulsada por el anterior mandatario, Gustavo Petro. El cambio representa un giro en la estrategia de seguridad del país: se deja atrás el modelo de negociaciones promovido durante la administración Petro para dar paso a un mecanismo que exige a los grupos ilegales someterse a las condiciones establecidas por el Congreso y la justicia. Pacto Histórico molesto Uno de los sectores que ha manifestado mayor inconformidad con la iniciativa es el Pacto Histórico, colectividad que respaldó buena parte de la política de paz total del anterior Gobierno. La senadora Isabel Cristina Zuleta expresó sus reparos frente a la nueva legislación y sostuvo que la paz no puede construirse condenando a quienes se someten a permanecer indefinidamente sin oportunidades de reincorporación a la sociedad. La congresista también defendió los resultados de experiencias anteriores de sometimiento y aseguró que estas contribuyeron a reducir los indicadores de homicidio a un dígito en el Valle de Aburrá. Sin embargo, su pronunciamiento reavivó las críticas por el denominado 'tarimazo' realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín, durante un evento en el que participaron cabecillas de estructuras criminales. La presencia de estos hombres en el escenario público generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló aquella actividad y el papel que habrían desempeñado funcionarios y dirigentes políticos. Resulta llamativo que quienes durante años defendieron la llamada paz total, ahora salgan a cuestionar una ley que busca ponerles condiciones a las organizaciones criminales para que respondan ante la justicia. ¿Cuál es el problema? ¿Que se acabaron las mesas de negociación sin resultados, los beneficios cuestionados y las concesiones que terminaron generando más dudas que garantías de seguridad para los colombianos? Al parecer, a algunos dirigentes del Pacto Histórico les incomoda que se haya cambiado el discurso: los delincuentes ya no tendrán un Gobierno dispuesto a negociar indefinidamente mientras siguen delinquiendo, sino que deberán someterse a las reglas que establezca la ley. Se acabó la alcahuetería con los criminales, se acabó la política de hacer concesiones sin exigir resultados y se acabó la idea de que la paz puede construirse pasando por encima de las víctimas. Otro de los integrantes del Pacto Histórico que se pronunció fue el congresista Gabriel Becerra, quien advirtió que el sometimiento a la justicia no puede convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno. Becerra planteó reparos frente a algunos apartados del articulado y pidió eliminar expresiones que, a su juicio, podrían terminar criminalizando la protesta social. También defendió que sea un juez, y no el presidente de la República, quien determine la pertenencia de una persona a una organización criminal. Pues bien, la paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la búsqueda de la reconciliación puede convertirse en una excusa para premiar a quienes han sembrado violencia en Colombia. Quien quiera abandonar las armas y someterse a la justicia debe tener una oportunidad, pero bajo condiciones claras, con verdad, reparación y garantías para las víctimas. Centro Democrático responde a las críticas Desde el Centro Democrático, los congresistas Daniel Briceño y Hernán Cadavid cuestionaron la reacción de los sectores de izquierda y defendieron el cambio de enfoque establecido en la nueva legislación. Cadavid sostuvo que la inconformidad del Pacto Histórico estaría relacionada con el desmonte de un modelo que, según su interpretación, permitió durante cuatro años ofrecer condiciones y beneficios a estructuras criminales, incluyendo mecanismos relacionados con la suspensión de órdenes de extradición. El senador afirmó que ese esquema también habría servido para consolidar influencia política en diferentes regiones del país.