La situación judicial de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, podría complicarse tras conocerse detalles de una denuncia presentada ante autoridades de Estados Unidos por presuntas operaciones financieras irregulares. Según información publicada por Semana, el documento fue presentado por la organización Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, y actualmente estaría en poder de las autoridades estadounidenses. La denuncia solicita examinar posibles movimientos de dinero, operaciones de ocultamiento patrimonial y eventuales mecanismos de lavado de activos. En el escrito aparecen mencionados Roa, su pareja, Carlos Julián Caicedo; un familiar de este, Joan Sebastián Caicedo, y Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá. También se solicita investigar a Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza. De acuerdo con el documento citado por Semana, estas personas habrían registrado transacciones por montos elevados en cuentas en el extranjero. La denuncia también menciona a las empresas Bull Ingeniería SAS, Cetco SAS, Dacar Lawyers e Investments SAS, que presuntamente podrían haber intervenido en operaciones financieras bajo investigación. El escrito plantea la necesidad de establecer si existieron estructuras para ocultar patrimonio, utilizar terceros en la administración de activos o canalizar recursos de origen ilícito. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a señalamientos incluidos en la denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Las investigaciones que enfrenta Ricardo Roa Las nuevas revelaciones se conocen en medio de los cuestionamientos que rodean la gestión de Roa al frente de Ecopetrol y su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso sanciones económicas relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de esa campaña. Además, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por hechos vinculados con ese proceso electoral. A estos antecedentes se suma la información sobre la suspensión de su visa estadounidense, que, según la publicación de SEMANA, podría estar relacionada con la documentación que llegó a manos de las autoridades de ese país. Por otra parte, un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de cuentas bancarias del Pacto Histórico por una deuda de 450 millones de pesos relacionada con un préstamo otorgado durante la campaña presidencial de 2022. La obligación se originó en un préstamo del 18 de mayo de ese año. De acuerdo con la información publicada, la reclamación se presentó después de que la deuda no fuera saldada. Inicialmente, el compromiso recaía sobre Ricardo Roa, en su condición de gerente de campaña, pero el proceso involucra ahora al Pacto Histórico. Durante su paso por Ecopetrol, Roa también afrontó el embargo de una de sus cuentas en un proceso relacionado con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), empresa que transportó a Gustavo Petro y a candidatos al Congreso durante la campaña electoral. Los distintos procesos mantienen bajo escrutinio la actuación del exdirectivo petrolero. No obstante, las denuncias y las imputaciones no equivalen a una condena, y la responsabilidad penal por los hechos señalados deberá establecerse conforme a la ley.