La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales profundizar las investigaciones sobre posibles vínculos entre estructuras criminales, redes de corrupción y sectores políticos en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander. El pronunciamiento se produjo en medio de la crisis de seguridad que afecta a la región fronteriza, tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, mayor retirado de la Policía Nacional y quien había manifestado su intención de aspirar a la Alcaldía de la ciudad. Marín advirtió que el nivel de control territorial ejercido por las organizaciones ilegales requiere esclarecer si existen redes de complicidad o complacencia que favorezcan sus actividades. La funcionaria insistió en que las autoridades deben investigar las posibles conexiones entre la criminalidad organizada y las redes de corrupción, con el propósito de establecer cómo estas estructuras consiguen mantener su influencia y capacidad de intimidación en una capital departamental. Violencia contra dirigentes, periodistas y líderes sociales La defensora también alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen actividades políticas, periodísticas y de liderazgo social en Cúcuta. Recordó que la ciudad ha registrado hechos violentos que afectan a diferentes sectores de la sociedad, incluido el asesinato del periodista Cristian Herrera. El homicidio de Castellanos se suma a otros episodios recientes de violencia, entre ellos un ataque sicarial y la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. Marín señaló que esta situación debe analizarse teniendo en cuenta la presencia de economías ilegales y las redes que permiten a los grupos criminales ampliar su capacidad de actuación. Disputa territorial y economías ilegales El panorama de seguridad también está marcado por la presencia de organizaciones armadas y estructuras de crimen organizado en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y otras zonas de Norte de Santander. A este escenario se suma el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, enfrentamiento que se intensificó en enero de 2025. La condición fronteriza del departamento y las disputas por el control de rutas y economías ilícitas representan desafíos adicionales para las autoridades. Ante este contexto, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que la Fiscalía investigue a fondo las posibles redes de corrupción y los eventuales vínculos que puedan facilitar el accionar de las organizaciones criminales.
Defensoría pide investigar posibles nexos entre políticos y grupos criminales en Cúcuta
Iris Marín instó a la Fiscalía a investigar presuntas redes de corrupción que podrían facilitar el control de organizaciones criminales en Norte de Santander.
