Una denuncia presentada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicita investigar a la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz, por el presunto delito de tráfico de influencias en servidor público. La acción judicial busca establecer si la congresista habría utilizado su posición para favorecer a su esposo, Norbert Vonblón Pomare, en un programa de construcción de viviendas en el archipiélago. El caso tomó relevancia luego de las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien cuestionó públicamente el manejo de los recursos destinados a San Andrés y advirtió que no permitiría que los dineros del Estado terminaran beneficiando a grupos familiares particulares. La entrega de viviendas, en el centro de la denuncia Según la información conocida sobre el proceso, los hechos están relacionados con el programa Wi Home Wi Roots, dirigido a comunidades raizales de San Andrés. La denuncia hace referencia a publicaciones de la congresista en las que destacó la entrega de las primeras 115 viviendas y atribuyó los resultados a un trabajo articulado entre distintas instituciones. De acuerdo con el documento judicial, el 23 de agosto de 2026 se realizó un acto público para entregar los primeros 115 certificados del programa. La actividad fue anunciada por la Gobernación y transmitida a través de Facebook. Durante la transmisión se mencionó en varias ocasiones el apellido Pomare, que también hace parte del nombre del esposo de la representante. Este elemento fue señalado por el denunciante como uno de los aspectos que deben ser verificados por las autoridades, sin que por sí solo demuestre la existencia de una irregularidad. Piden revisar los criterios de selección de beneficiarios Otro de los puntos expuestos en la denuncia es la presunta falta de información pública suficiente sobre los procedimientos utilizados para seleccionar a los hogares beneficiarios. El documento solicita verificar la existencia de metodologías, puntajes, criterios de desempate, listados de seleccionados, actas y soportes presupuestales del programa. El objetivo es contrastar las gestiones atribuidas a la congresista con las reglas y decisiones que efectivamente se aplicaron. Asimismo, se pide establecer si Elizabeth Jay-Pang Díaz habría realizado recomendaciones, intermediaciones o solicitudes para favorecer a determinados hogares, directamente o mediante terceros vinculados con ella. Solicitan verificar la participación del esposo La denuncia también plantea la necesidad de establecer si Norbert Vonblón Pomare intervino en el desarrollo del programa por solicitud, encargo o coordinación con la congresista. Adicionalmente, el denunciante solicita revisar si el esposo de la representante tuvo alguna participación como financiador de su campaña política. Estas solicitudes buscan determinar si existieron actuaciones que pudieran configurar un uso indebido de la influencia derivada del cargo público. La decisión sobre la existencia de responsabilidades corresponde a las autoridades judiciales, tras la verificación de los hechos y las pruebas. El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos en San Andrés, un territorio que ha enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades administrativas en años anteriores. Por ahora, los señalamientos contra Elizabeth Jay-Pang Díaz hacen parte de una denuncia que solicita investigar posibles conductas. Su presentación no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni demuestra que se haya favorecido irregularmente al esposo de la congresista.
Denuncian a Elizabeth Jay-Pang ante la Corte Suprema por presunto tráfico de influencias en San Andrés
La denuncia solicita investigar si la representante a la Cámara habría intervenido para favorecer a su esposo en el programa de construcción de viviendas para comunidades raizales de la isla.
