Deicy Jiménez fue citada por la Corte en la investigación contra Petro y María José Pizarro por 'sexocontratos'

La Corte Suprema de Justicia citó a Deicy Jiménez para rendir declaración este jueves 29 de octubre, en el marco de las investigaciones relacionadas con los llamados ‘sexocontratos’, un caso que involucra denuncias contra el presidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro. El proceso busca esclarecer los señalamientos sobre una presunta entrega irregular de contratos públicos a mujeres a cambio de favores sexuales. Las acusaciones cobraron relevancia tras las declaraciones de Jiménez, excontratista del Gobierno, y las denuncias relacionadas con la contratación estatal. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la Fiscalía abrió una investigación después de que Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunciara presuntas irregularidades en la contratación de 48 mujeres. Entre los hechos que deben verificarse están las condiciones en las que se habrían suscrito los contratos y los posibles beneficios que pudieron motivarlos. El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, señaló la importancia de escuchar a Jiménez para avanzar en el esclarecimiento de las denuncias. Su abogado, Felipe Caballero, también solicitó formalmente que su representada fuera escuchada por la Fiscalía y que se adelantaran las labores de corroboración correspondientes. Sin embargo, según lo reportado, hasta el momento de la publicación de la información la Fiscalía no había convocado a Jiménez a declarar ni se había comunicado con ella. La Corte Suprema, por su parte, programó la diligencia para recibir su testimonio dentro de los procesos relacionados con los señalamientos. En el caso de Gustavo Petro, las actuaciones mencionadas se relacionan con su condición de senador al momento de los hechos investigados. La situación de María José Pizarro también está bajo escrutinio, debido a que Jiménez habría tenido un contrato en su unidad de trabajo legislativo. Según explicó Caballero, la declaración ante la Corte tiene como propósito contribuir al avance de las investigaciones, verificar los hechos denunciados y establecer si existen elementos que permitan determinar eventuales responsabilidades. El caso vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos de contratación pública y los controles sobre el uso de los recursos del Estado. No obstante, los señalamientos deberán ser comprobados por las autoridades competentes y la existencia de una investigación no implica, por sí misma, que las personas mencionadas sean responsables de un delito.