Coralina cambió de director tras reclamo de De La Espriella: tres años de una elección sin resolver y millonarios recursos en juego

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) enfrenta una nueva controversia institucional luego de que el presidente Abelardo De La Espriella cuestionara públicamente la situación de la entidad y reclamara explicaciones sobre su funcionamiento. El organismo ambiental, encargado de proteger los ecosistemas terrestres y marinos del archipiélago, lleva cerca de tres años sin resolver de manera definitiva la elección de su director. Durante ese periodo, el proceso ha estado marcado por recusaciones, modificaciones en las reglas de elección y dificultades para concretar una designación en propiedad, según informó la revista Cambio. La situación volvió a cobrar relevancia tras la visita presidencial a San Andrés, en la que De La Espriella expresó su inconformidad frente a lo que ocurre en la corporación y advirtió que no permitiría que continuaran las irregularidades que, según sus cuestionamientos, podrían estar afectando a la institución. Una dirección marcada por la incertidumbre La prolongada falta de una elección definitiva plantea interrogantes sobre la estabilidad administrativa de Coralina y la capacidad de la entidad para desarrollar sus funciones con continuidad institucional. La corporación tiene responsabilidades estratégicas en la conservación de los arrecifes coralinos, los manglares, las playas y otros ecosistemas que hacen parte de la reserva de biosfera Seaflower, fundamentales para la biodiversidad y la economía del archipiélago. Por esa razón, la definición de su dirección no constituye únicamente un asunto burocrático. También tiene implicaciones sobre las decisiones ambientales, la ejecución de proyectos y la administración de los recursos destinados a la protección del territorio insular. El cambio de director encargado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de esclarecer las razones por las cuales el proceso de elección no ha llegado a una conclusión definitiva y cuáles son los obstáculos que han impedido superar la interinidad. Los recursos públicos, otro punto de atención La controversia también gira alrededor de los recursos que administra Coralina. Mientras continúa sin resolverse la elección de su director en propiedad, la entidad mantiene responsabilidades contractuales y ejecuta presupuestos relacionados con sus funciones ambientales. El volumen de recursos involucrados hace necesario examinar la contratación, la ejecución presupuestal y los resultados de los proyectos financiados, así como garantizar que las decisiones administrativas se ajusten a la normativa vigente. Sin embargo, la existencia de cuestionamientos políticos no constituye por sí sola una prueba de corrupción. Cualquier señalamiento concreto debe ser contrastado con documentos, contratos y actuaciones de los organismos de control. La discusión, por tanto, va más allá del relevo de un funcionario encargado: también pone el foco sobre la transparencia administrativa y la rendición de cuentas en una institución con competencias determinantes para el futuro ambiental de San Andrés. El reclamo presidencial elevó la presión Las declaraciones de De La Espriella durante su visita al archipiélago elevaron la atención pública sobre Coralina y abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre su dirección. La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, ha señalado que Coralina cuenta con autonomía administrativa y financiera, y que su papel al frente del consejo directivo no implica una injerencia directa en todas las decisiones de la corporación. También sostuvo que el director que venía ejerciendo llevaba cerca de tres años en el cargo. El episodio refleja las tensiones entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales frente al manejo de instituciones regionales. Al mismo tiempo, deja planteada una exigencia de fondo: que las diferencias políticas no sustituyan los procedimientos legales y que cualquier denuncia sea examinada con evidencia. Por ahora, la atención está puesta en el alcance del cambio en la dirección encargada y en las medidas que permitan destrabar la elección definitiva. La resolución de ese proceso será clave para determinar si Coralina logra superar la incertidumbre administrativa y fortalecer la confianza pública en el manejo de sus recursos y en la protección de los ecosistemas del archipiélago.