Congresistas de Salvación Nacional denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por señalamientos de Deyci Jiménez

Las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, integrantes del partido Salvación Nacional, radicaron este jueves 5 de noviembre una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a raíz de los señalamientos realizados por Deyci Jiménez sobre una presunta utilización de contratos estatales para favorecer intereses personales. En el documento, las legisladoras solicitaron que se investigue si el exmandatario habría intervenido en procesos de contratación pública para obtener beneficios de carácter personal, presuntamente relacionados con favores de naturaleza sexual. La denuncia también plantea una posible configuración de indignidad por mala conducta, con fundamento en el artículo 175, numeral 2, de la Constitución Política. Por esta razón, las congresistas pidieron a la Comisión establecer si existieron actuaciones irregulares durante el ejercicio de la Presidencia. Según lo expuesto en el documento, la investigación deberá determinar si se utilizaron influencias derivadas del cargo, funcionarios públicos, procedimientos de contratación o recursos del Estado para facilitar supuestos beneficios indebidos. Asimismo, solicitaron verificar si hubo presiones o condicionamientos que pudieran afectar la libertad sexual y la dignidad de las personas involucradas. La actuación se produce después de las declaraciones entregadas por Deyci Jiménez a la revista Semana, en las que aseguró que habría existido una presunta red de mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios y relacionadas con supuestos intercambios de favores. A este episodio se suma la divulgación, el pasado 4 de noviembre, de una grabación audiovisual de carácter privado que, según Jiménez, respaldaría parte de sus señalamientos contra el exmandatario. Las congresistas aclararon que su denuncia no busca cuestionar la existencia de una relación personal o sexual consentida, sino establecer si desde el poder presidencial se habrían utilizado atribuciones oficiales para facilitar beneficios particulares. El caso también tiene antecedentes en la Procuraduría General de la Nación, que el pasado 26 de octubre ordenó abrir una indagación previa contra funcionarios del gobierno anterior por hechos relacionados con posibles extralimitaciones de funciones, acoso y violencia de género. Ahora, la Comisión de Acusación deberá evaluar la denuncia y determinar si existen elementos que justifiquen el desarrollo de actuaciones dentro de sus competencias.