El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo lanzó fuertes críticas contra sectores del petrismo por su reacción ante las denuncias sobre una presunta red de prostitución que habría operado durante el Gobierno de Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el excongresista sostuvo que la discusión no debe concentrarse en la vida sentimental o privada del exmandatario, sino en el posible uso de recursos públicos para financiar actividades de carácter particular. Polo Polo afirmó que, si se comprueba que dineros del Estado fueron destinados al pago de servicios sexuales, podrían existir implicaciones penales, entre ellas el delito de peculado por apropiación. En ese sentido, insistió en que los recursos públicos no pueden utilizarse para cubrir gastos personales de funcionarios o personas vinculadas al poder. El exrepresentante también cuestionó a mujeres cercanas al petrismo, a quienes señaló de mantener una posición contradictoria frente a las denuncias de presunto acoso y los recientes señalamientos contra el expresidente. Según su argumento, algunos sectores que anteriormente defendían la credibilidad de las mujeres denunciantes ahora estarían poniendo en duda los testimonios relacionados con el caso que involucra a Petro. Durante su intervención, Polo Polo aseguró que existen chats, conversaciones y videos que, en su opinión, deben ser examinados por las autoridades. Asimismo, criticó a quienes han salido en defensa política del exmandatario en medio de la controversia. “Definitivamente, para ser petrista no hay que tener dignidad, no hay que tener criterio, no hay que tener coherencia”, expresó el excongresista, quien también cuestionó la postura de quienes, según él, prefieren respaldar a Petro antes que escuchar a las mujeres que han realizado señalamientos. Las declaraciones se producen en medio de la controversia política y judicial por las denuncias sobre una presunta red de prostitución, posibles beneficios laborales y el eventual uso irregular de recursos públicos durante la administración anterior. La responsabilidad de los involucrados y la existencia de posibles delitos deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

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