El Concejo Distrital de Barranquilla, a través de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales, dio inicio al estudio del proyecto de rentas y gastos para la vigencia 2027, estimado en cerca de $9,25 billones, cifra que representa un crecimiento proyectado del 20 % frente al año anterior. En la jornada participaron la secretaria distrital de Hacienda, Emelith Barraza, la secretaria Jurídica, Margin Cerdeño, y el jefe de Presupuesto, Adolfo Zúñiga, quienes expusieron los fundamentos financieros, técnicos y jurídicos de la iniciativa.
Según la Administración Distrital, el proyecto contempla una inversión cercana a los $7,36 billones, equivalente al 79,5 % del presupuesto total, destinada principalmente a educación, salud, vivienda, infraestructura, transporte y sostenibilidad ambiental, en concordancia con las metas del Plan de Desarrollo ”Barranquilla a Otro Nivel” Durante el debate, los concejales subrayaron la importancia de hacer un seguimiento riguroso a la ejecución de los recursos públicos y al cumplimiento de las metas del Plan, por lo que los secretarios de despacho y jefes de oficina deberán sustentar los resultados de su gestión y el impacto de los recursos proyectados.
En el ámbito económico, el concejal José Francisco Trocha Gómez resaltó las oportunidades que ofrece a la ciudad el nearshoring, tendencia mediante la cual las empresas trasladan o establecen operaciones en países cercanos a sus principales mercados. El cabildante invitó a la Administración Distrital a fortalecer las estrategias de promoción de inversión, aprovechar la ubicación geográfica de la ciudad y consolidar su papel como centro industrial, logístico y comercial del Caribe colombiano. Este escenario exige articular las ventajas competitivas de Barranquilla con políticas de atracción empresarial, generación de empleo y fortalecimiento del tejido productivo, con el fin de ampliar las oportunidades de crecimiento económico. El Concejo Distrital de Barranquilla reiteró su compromiso con el estudio responsable del presupuesto 2027, el seguimiento a la inversión pública y el ejercicio del control político sobre los asuntos que inciden en la calidad de vida de la ciudadanía.
