Comisiones del Congreso aprueban Ley de Sometimiento a la Justicia: plenarias tienen plazo hasta el 4 de noviembre

Las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa del Gobierno nacional que busca establecer un marco jurídico para que integrantes de grupos armados y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria. El proyecto avanzó en medio de un plazo legislativo ajustado. El Congreso deberá completar su trámite antes del 4 de noviembre de 2026, fecha límite para renovar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, que establece las herramientas jurídicas para que el Gobierno enfrente las amenazas contra la seguridad. Tras superar el primer debate, la iniciativa deberá recibir el respaldo de las plenarias del Senado y la Cámara para convertirse en ley. Cambios en la representación de las organizaciones criminales El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el proyecto conserva buena parte de su estructura original, aunque durante la discusión se introdujeron modificaciones relacionadas con la participación de las organizaciones, la protección de las víctimas y las obligaciones de quienes busquen acogerse al mecanismo. Uno de los ajustes establece que el representante de los grupos armados o bandas criminales ante la justicia no tendrá que ser necesariamente un abogado. La organización podrá designar a otra persona para cumplir esa función, sin que ello implique el reconocimiento de un estatus político. Según el Gobierno, también se incorporaron disposiciones para precisar las responsabilidades de colaboradores y testaferros, así como para reforzar las medidas contra el reclutamiento de menores de edad. Beneficios judiciales condicionados La propuesta contempla reducciones de penas diferenciadas según el nivel de participación de los integrantes dentro de las estructuras criminales. Para los miembros rasos se prevén rebajas de hasta el 50 %, mientras que para los cabecillas la reducción máxima sería del 30 % de las penas acumuladas. El acceso a estos beneficios estará sujeto al cumplimiento de obligaciones, entre ellas la entrega de bienes obtenidos ilícitamente y el suministro de información sobre las rutas del narcotráfico. El ministro Cancino también señaló que la iniciativa establece mayores exigencias frente al reclutamiento de menores, incluyendo obligaciones de verdad y de contribución al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados. En materia patrimonial, el proyecto contempla la presentación de una relación de bienes que deberá ser verificada por la Fiscalía General de la Nación. No habrá suspensión de operaciones militares Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el sometimiento a la justicia no implica detener las operaciones de la Fuerza Pública ni levantar las órdenes de captura contra los integrantes de estas organizaciones. Tampoco supone la eliminación de las medidas de extradición. Durante la defensa de la iniciativa, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, sostuvo que el mecanismo está dirigido a quienes obtienen recursos de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, sin otorgarles reconocimiento político. Lara afirmó que la propuesta no crea una jurisdicción especial ni contempla amnistías o tribunales diseñados para los integrantes de estas estructuras. En cambio, establece un marco para que se sometan ante la Fiscalía y sean juzgados por jueces ordinarios de la República, conforme al Código de Procedimiento Penal. Con la aprobación en las comisiones conjuntas, el Gobierno deberá buscar ahora los votos necesarios en las plenarias de ambas cámaras para completar el trámite dentro del calendario establecido.