Una casa clandestina y hasta GPS en vehículos de expresidentes: así habría sido el plan de la DNI en la era Petro para intervenir en elecciones

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro de nuevos cuestionamientos tras la revelación de un informe reservado que documenta presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro. El documento señala posibles operaciones de espionaje contra expresidentes y exvicepresidentes, el funcionamiento de una sede clandestina en Bogotá y maniobras informáticas que habrían tenido como objetivo interferir en el proceso electoral de 2026. El informe de empalme, de 26 páginas y elaborado en julio de 2026, fue dirigido a la nueva dirección de la entidad y recoge información suministrada por funcionarios sobre las operaciones desarrolladas durante la anterior administración. Una de las denuncias más delicadas tiene que ver con los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de antiguos mandatarios. Según el documento, se habría buscado instalar micrófonos y dispositivos de geolocalización GPS en esos automotores para obtener información sobre los movimientos y las actividades de las personas protegidas. El reporte también advierte sobre la supuesta existencia de una casa clandestina de inteligencia en Bogotá, ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos. De acuerdo con la información recopilada, el inmueble habría funcionado por fuera de los registros oficiales de la DNI y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Presuntamente, los rastros de su funcionamiento habrían sido eliminados de los archivos de la institución. Alertas por contactos con servicios de inteligencia rusos Otro de los apartados del informe se refiere a viajes de funcionarios de la DNI a Moscú, donde habrían recibido capacitación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR). Según el documento, durante esas visitas los agentes habrían recibido computadores y teléfonos celulares. La preocupación radica en la posibilidad de que estos dispositivos contuvieran herramientas maliciosas capaces de comprometer los sistemas informáticos de la entidad y facilitar labores de espionaje. Carlos Oyola y las sospechas sobre la Registraduría El componente electoral involucra a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y fue capturado recientemente. Documentos internos relacionarían al funcionario con actividades de informática y contrainteligencia, además de una presunta estructura integrada por activistas digitales, bodegueros y hackers. El informe sostiene que Oyola habría tenido un papel de coordinación en una red que supuestamente buscaba alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026, mediante ataques contra los sistemas de la Registraduría. De acuerdo con los registros citados, el funcionario tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de ese año y habría logrado escapar de un procedimiento de allanamiento adelantado por la Fiscalía horas antes de la primera vuelta presidencial. A estas investigaciones se suma un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como la supuesta falsificación de calificaciones para obtener títulos académicos. En ese expediente se investigan posibles delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. Contratos millonarios bajo revisión Las denuncias también alcanzaron el manejo de los recursos públicos. La Contraloría ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI cuyo valor supera los $20.783 millones, varios de ellos mencionados en los informes internos de la institución. Entre las adquisiciones cuestionadas aparece un helicóptero no tripulado contratado por $9.000 millones, destinado a labores de inteligencia y contrainteligencia. El aparato, que debía contar con hasta seis horas de autonomía de vuelo y un alcance máximo de 600 kilómetros, habría sufrido un accidente en marzo de 2026. También figuran tres sistemas antidrones adquiridos por $8.340 millones y destinados, según la documentación, a vehículos utilizados para la protección de la Casa de Nariño. Las autoridades estarían verificando versiones sobre una eventual capacidad de estos equipos para interceptar comunicaciones. El inventario de compras cuestionadas incluye un sistema biométrico adquirido por $580 millones en 2022 que no habría podido implementarse por incompatibilidades técnicas, además de 595 computadores comprados por $1.314 millones que presentaron problemas de calidad. A esto se suma un contrato de enero de 2026 por $1.549 millones para dotar las nuevas instalaciones de la DNI en Funza. Entre los elementos adquiridos se mencionan atriles de $14 millones y camas cuyo costo individual alcanzaría los $18 millones. Una entidad bajo cuestionamientos El informe también advierte que, desde 2024, la DNI habría quedado sin una plataforma para registrar y hacer seguimiento a sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia, luego de que no se renovara el contrato con el proveedor encargado del servicio. Las nuevas revelaciones se agregan a los cuestionamientos que ya habían planteado funcionarios y exintegrantes de la agencia sobre los procesos de selección de personal, el manejo de fuentes de información y las relaciones de cooperación con organismos internacionales.