Sin diálogo político y sin perdón: así será la dura ley de sometimiento del Gobierno

El Gobierno prepara un proyecto de ley de sometimiento para integrantes de organizaciones criminales, una iniciativa que, de acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, será presentada próximamente ante el Congreso de la República. En entrevista, Cancino explicó que la propuesta busca establecer una ruta jurídica para quienes decidan abandonar las estructuras criminales y someterse a la justicia, pero bajo condiciones diferentes a las contempladas en anteriores procesos de negociación. El ministro aseguró que el proyecto no contempla mesas de diálogo político ni el reconocimiento de un estatus político para las organizaciones ilegales. Según explicó, los eventuales acercamientos deberán realizarse dentro del marco establecido por la ley y con interlocutores autorizados. “Es una ley de sometimiento a la Constitución”, afirmó Cancino al explicar que el Gobierno no contempla abrir espacios de negociación política con los grupos armados. Rebajas de pena estarán condicionadas Uno de los aspectos centrales de la iniciativa tiene que ver con las reducciones de pena. Según el ministro, quienes tengan funciones de liderazgo o mando dentro de una organización criminal podrían acceder a una rebaja de hasta el 30 %, mientras que otros integrantes podrían aspirar a una reducción de hasta el 50 %. Sin embargo, Cancino explicó que los beneficios estarán condicionados al comportamiento y a la colaboración efectiva con las autoridades. Entre los elementos que se tendrán en cuenta están la reparación a las víctimas, la entrega de bienes, el suministro de información, la revelación de rutas relacionadas con desapariciones y la liberación de personas secuestradas. El proyecto también contempla requisitos adicionales para acceder a la libertad condicional. El ministro señaló que, además de cumplir las exigencias de la legislación ordinaria, se plantea que exista un concepto favorable de la víctima. Entrega de bienes y reparación a las víctimas Otro de los puntos principales será la entrega de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Cancino sostuvo que quienes ingresen al mecanismo deberán entregar la totalidad de los bienes relacionados con sus actividades ilegales. El dinero y los activos entregados tendrían como uno de sus principales destinos la reparación de las víctimas. El ministro advirtió, además, que si posteriormente se descubre que una persona ocultó bienes, podría ser expulsada del mecanismo de sometimiento y pasar a la justicia ordinaria. No habrá suspensión de órdenes de captura ni extradiciones La propuesta también establece diferencias frente a mecanismos utilizados durante la llamada política de paz total. De acuerdo con Cancino, una persona que decida someterse no tendrá suspendida una orden de captura y tampoco podrá utilizar el proceso para evitar una extradición. En caso de existir una solicitud de extradición, el procedimiento continuará. El ministro puso como ejemplo a personas que puedan estar requeridas por autoridades estadounidenses y aseguró que el sometimiento en Colombia no implicaría detener el proceso de extradición. Además, quienes ya se encuentren capturados no podrán ingresar al mecanismo. El Gobierno, según explicó Cancino, busca que la ley sea utilizada por quienes decidan entregarse y no como una herramienta para modificar situaciones jurídicas de personas que ya están bajo custodia estatal. Cárceles productivas y resocialización El proyecto no contempla centros especiales de reclusión para los sometidos. Cancino señaló que, en principio, serán enviados a cárceles ordinarias y que el Gobierno trabaja en un modelo de establecimientos productivos. La intención, según explicó, es que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar actividades laborales y de formación que faciliten su posterior reincorporación a la sociedad. “Este proyecto tiene un fin y es no encerrar a la gente por encerrarla”, afirmó el ministro, quien planteó la necesidad de reducir el riesgo de reincidencia. Interlocución estará limitada Para quienes quieran acogerse al mecanismo, el proyecto establece una figura de interlocutor. Cancino explicó que los grupos ilegales no tendrán un canal de negociación política directo con el Gobierno. Según el ministro, el interlocutor de las organizaciones deberá ser un abogado que no pertenezca a la estructura criminal. El contacto oficial será definido por el presidente de la República. Cancino también sostuvo que no está contemplado que congresistas actúen como interlocutores de los grupos ilegales dentro del proceso. La fuerza pública mantendrá sus operaciones El Gobierno tampoco contempla un cese bilateral de operaciones militares como condición para el sometimiento. El ministro aseguró que la actividad de la fuerza pública continuará y que, en caso de que las organizaciones no se acojan al mecanismo, las autoridades seguirán actuando contra ellas. “La vía es venir para acá”, dijo Cancino al referirse a quienes quieran abandonar las estructuras criminales y acogerse al proceso. Pinocho, Calarcá y otros jefes criminales Durante la entrevista, Cancino se refirió a algunos de los principales líderes de organizaciones armadas y criminales que eventualmente podrían acogerse al proyecto. Sobre alias Pinocho, quien habría manifestado disposición para someterse pero con condiciones sobre el tiempo de prisión, el ministro fue tajante: “Que no venga”. En contraste, invitó a alias Calarcá a considerar la posibilidad de someterse y aseguró que quienes formen parte de estas estructuras también podrán acogerse individualmente al mecanismo. El Gobierno plantea fortalecer las cárceles Cancino también reveló que el Ejecutivo trabaja en la construcción de nuevas cárceles y en un modelo de establecimientos productivos. Según explicó, algunas de las nuevas instalaciones podrían construirse mediante alianzas público-privadas y utilizando terrenos que actualmente son propiedad del Estado. El Gobierno también estudia la construcción de módulos de alta seguridad y la posibilidad de utilizar un buque como centro de reclusión para determinados internos que requieran aislamiento. Extradiciones seguirán siendo una prioridad Durante la conversación, el ministro aseguró que el Gobierno continuará autorizando extradiciones y afirmó que también busca fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando y otras economías ilegales. Cancino mencionó además el caso de alias Araña, cuya extradición a Estados Unidos, según sus declaraciones, estaría próxima a ejecutarse. Una política que busca convertirse en ley de Estado El ministro sostuvo que la intención del Gobierno es que la nueva legislación no sea una medida temporal de una administración, sino que pueda convertirse en una política de Estado. El proyecto será presentado al Congreso, donde deberá surtir el correspondiente debate legislativo antes de convertirse en ley. La propuesta plantea, en términos generales, un mecanismo de sometimiento basado en la entrega de los integrantes de las organizaciones criminales, la colaboración con las autoridades, la reparación de las víctimas y la entrega de bienes, mientras se mantiene la acción de la justicia y de la fuerza pública.