El asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y exsecretario de Gobierno de la ciudad, es objeto de una investigación por parte de la Policía y la Fiscalía, que buscan esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental, en el barrio El Pórtico. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, los responsables habrían simulado un accidente de tránsito para obligar al dirigente político a descender de su vehículo y atacarlo con armas de fuego. El crimen ocurrió en un sector cercano a su residencia y a unos 500 metros de un batallón militar. Según los testimonios recopilados, Castellanos regresaba de recoger a uno de sus hijos cuando advirtió que su camioneta había sido chocada. Al bajar del vehículo, habría sido atacado por los sicarios. Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y material audiovisual para reconstruir los movimientos de los responsables y establecer la ruta que utilizaron para escapar. Uno de los aspectos que examinan los investigadores es la ausencia de su esquema de seguridad en el momento del atentado. Según la información conocida, el exfuncionario habría pedido a su escolta que se retirara antes de salir a recoger a su hijo, pese a que anteriormente había recibido amenazas. Durante su paso por la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, Castellanos participó en iniciativas relacionadas con la seguridad ciudadana y la recuperación del espacio público. Algunas hipótesis apuntan a que su gestión pudo generar conflictos con estructuras criminales dedicadas a actividades ilegales como la extorsión y el narcomenudeo. Sin embargo, las autoridades deberán establecer si existe una relación entre esas circunstancias y el homicidio. La investigación también tendrá que determinar si el crimen guarda alguna conexión con las denuncias y señalamientos que habían surgido anteriormente contra el exfuncionario. En febrero de 2025, se conocieron declaraciones de un agente encubierto que lo mencionó en el contexto de las investigaciones relacionadas con Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, señalado como uno de los principales articuladores del contrabando en Colombia. En ese momento, el agente hizo referencia a presuntos pagos ilegales que, según su testimonio, habrían involucrado a Castellanos durante su paso por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos que deberán valorarse dentro de los procesos judiciales pertinentes y no constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad penal. Tras el homicidio, las autoridades anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Policía y la Fiscalía conformaron equipos de investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo otras personas involucradas en la planeación y ejecución del ataque. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se pronunció sobre el crimen después de un consejo de seguridad en el que participaron representantes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Durante la reunión también se abordó el asesinato de Julieth Tapias, una mujer que fue baleada ese mismo lunes en la capital de Norte de Santander. Por su parte, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, rechazó el homicidio y pidió avanzar en la captura de los responsables. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, también condenó el ataque y aseguró que las autoridades trabajarán para llevar a los autores ante la justicia. Miguel Castellanos era hermano del exsenador Jairo Castellanos, quien permanece en un centro médico tras una intervención quirúrgica por un problema cardíaco, y de Leandro Castellanos, exfutbolista y actual concejal de Bogotá. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer los móviles del crimen y determinar quiénes estuvieron detrás del ataque contra el dirigente político, cuya aspiración a la Alcaldía de Cúcuta lo perfilaba como uno de los posibles protagonistas de la contienda electoral de 2027.

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