El representante Simón Molina pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) verificar si Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, habría continuado delinquiendo después del Acuerdo de Paz. El congresista fundamenta su solicitud en una acusación federal estadounidense que, según el reporte divulgado, menciona al antiguo jefe de las Farc en hechos relacionados con narcotráfico y armas.
La petición pone el foco en una distinción decisiva: cuándo habrían ocurrido las conductas señaladas. Mencionar a una persona en un expediente no establece, por sí solo, que cometió delitos nuevos después de la firma del acuerdo.
Molina busca que la jurisdicción examine si la información tiene consecuencias sobre los compromisos de Londoño como compareciente. La solicitud política debe pasar por una valoración judicial de los documentos, las fechas y las conductas concretas que se le atribuyan.
Como contexto, el marco constitucional de la JEP establece que su competencia se concentra en hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016 relacionados con el conflicto armado. Los delitos nuevos posteriores al proceso de dejación de armas corresponden a la justicia ordinaria, con las precisiones legales aplicables a conductas de ejecución permanente.
Por eso, la fecha en que se presenta una acusación extranjera no basta para establecer reincidencia. Un documento reciente puede referirse a hechos anteriores al acuerdo. Para determinar si hubo incumplimiento es necesario identificar cuándo ocurrieron los hechos y qué evidencia respalda la atribución individual.
La información divulgada sobre la petición de Molina no anuncia una decisión de la JEP que declare probado ese incumplimiento. Tampoco permite presentar como resuelta una eventual pérdida de beneficios.
El punto central de la solicitud es que los señalamientos sean examinados y se establezca si describen conductas anteriores al acuerdo o delitos nuevos. De esa verificación dependerá el alcance judicial que puedan tener para Timochenko.