Las recientes decisiones de distintos jueces que han suspendido o modificado algunas actuaciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella han abierto un debate sobre los límites del control judicial frente a las decisiones del Ejecutivo. El más reciente caso ocurrió en Putumayo, donde un juez ordenó suspender el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, apenas 24 horas después de que el Gobierno anunciara su puesta en marcha. Con esta decisión, ya son al menos cuatro las medidas de la administración que han sido frenadas o modificadas judicialmente durante el primer mes de mandato. La controversia se intensificó luego de varias decisiones relacionadas con operaciones militares. En una misma semana, tres despachos judiciales ordenaron suspender bombardeos en determinadas zonas hasta establecer que no hubiera menores de edad entre los posibles objetivos. Los fallos generaron críticas de sectores políticos que consideran que los jueces están interfiriendo en competencias propias del Ejecutivo. El debate también involucra el alcance de las acciones de tutela y la separación de poderes. Mientras algunos sectores sostienen que las decisiones judiciales representan una interferencia en asuntos de seguridad nacional, otros defienden la facultad de los jueces para proteger derechos fundamentales. El abogado Ramiro Bejarano sostuvo que este tipo de decisiones hacen parte del control constitucional y que las actuaciones del Presidente están sujetas a revisión judicial. Otros dos casos han generado choques entre el Gobierno y la justicia. Uno ocurrió alrededor de la posesión presidencial, cuando un juzgado ordenó a De la Espriella ofrecer disculpas por la inclusión de un acto religioso, al considerar que se había vulnerado el principio de neutralidad religiosa del Estado. El Gobierno impugnó la decisión.
¿Quién manda? Cuatro decisiones de De la Espriella han sido frenadas por jueces
Hay ruido por las recientes decisiones judiciales que han frenado acciones clave del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

