Que no se nos pase la hora

Existen fechas que la historia sobreestima y otras que subestima. El 20 de julio de 1810, por ejemplo, ni fue el inicio de la gesta independentista, ni se declaró la independencia absoluta de España, ni ocurrió un hecho de carácter nacional, pero terminó convertido en nuestra fecha patria por haber sucedido en la sede del Virreinato. Fue diecisiete días después, cuando Mompox, una villa de la provincia de Cartagena, se convirtió en la primera población del territorio de la actual Colombia en declarar su independencia absoluta de España. Y el 10 de octubre de 1821, el día en que las últimas tropas españolas abandonaron desde el Caribe, el territorio nacional. Estos dos últimos acontecimientos, por ocurrir lejos del centro del poder, terminaron ocupando lugares mucho menores en nuestra memoria nacional. Cada 10 de octubre celebramos el día de la Región Caribe. Doscientos cinco años después, cuando el Caribe cuenta con una presencia excepcional en el poder nacional, la fecha nos encuentra frente a otra discusión sobre autonomía, naturalmente muy distinta: la posibilidad de convertir al Caribe en la primera Región Entidad Territorial de Colombia. No es una idea nueva. Colombia es, desde sus orígenes, un país de regiones. No solamente por su geografía, sino por su historia. Nacimos de la unión de provincias con identidades, economías e intereses diferentes y desde la Independencia hemos discutido cuánto poder debe permanecer en el centro y cuánto debe estar en los territorios. Bolívar defendió una autoridad central fuerte ante el riesgo de fragmentación y reconquista. Durante la Gran Colombia, las entonces provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha llegaron a integrar el gran Departamento del Magdalena. Después experimentamos con el federalismo durante el siglo XIX, hasta que la Constitución de 1886, bajo la Regeneración de Rafael Núñez, devolvió al país a un modelo centralista. La Constitución de 1991 intentó encontrar un equilibrio diferente: mantuvo a Colombia como República unitaria, pero la definió también como descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Y abrió expresamente la puerta para la creación de regiones, que más de treinta años después, seguimos intentando atravesar. El Voto Caribe de 2010, la creación de la RAP Caribe en 2017 y la Ley de Regiones de 2019 fueron construyendo el camino. Y ahora, ese mismo largo camino hacia una institucionalidad regional permanente, parece acercarse a un momento decisivo. El Congreso estudia el proyecto de ley orgánica para convertir la RAP Caribe en Región Entidad Territorial, RET Caribe. El pasado primero de octubre, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad, con 17 votos favorables, la ponencia positiva del proyecto. Pero ¿qué significa todo esto para quienes habitamos esta región? Para comenzar, pasar de RAP a RET es mucho más que cambiar un par de letras. La RAP permite que los departamentos se asocien para planificar y coordinar proyectos. La RET sería una entidad territorial, como lo son hoy departamentos, distritos y municipios, aunque con naturaleza, competencias y escala diferentes. No desaparecerían Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena ni Sucre. Tampoco desaparecerían sus gobernadores, asambleas, municipios o alcaldes. Lo que aparecería es una nueva escala para pensar y gestionar aquello que individualmente resulta difícil resolver. Y allí está, para mí, el verdadero sentido de la regionalización. El río Magdalena no termina donde comienza otro departamento. La Sierra Nevada tampoco entiende de límites entre Magdalena, Cesar y La Guajira. Lo mismo ocurre con la Ciénaga Grande, nuestros corredores logísticos, los puertos, el turismo, la transición energética, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la infraestructura o la competitividad. Existen problemas regionales que no se pueden resolver desde escritorios diferentes. Una RET permitiría construir políticas regionales, administrar recursos y desarrollar proyectos que superen las fronteras departamentales. También podría darle al Caribe una capacidad institucional distinta para relacionarse con el Gobierno nacional y para definir prioridades comunes de desarrollo. Un Caribe para el mundo, que signifique bienestar y oportunidades para sus habitantes. Autonomía no significa federalismo. Colombia seguiría siendo una República unitaria. Pero sí supondría profundizar la descentralización: reconocer que existen decisiones que no necesariamente deben tomarse en Bogotá ni tampoco aisladamente en cada capital departamental. Y para el ciudadano esa diferencia solamente tendrá sentido si se traduce en resultados. Una institucionalidad regional debería servir para conectar mejor nuestros departamentos; estructurar grandes proyectos de infraestructura; proteger ecosistemas compartidos; desarrollar una política turística común; aprovechar conjuntamente nuestro potencial energético; fortalecer nuestros puertos y corredores logísticos; impulsar ciencia, tecnología e innovación; y representar con mayor capacidad los intereses regionales ante la Nación. Existe también un riesgo. La regionalización no puede convertirse simplemente en otra burocracia. Crear oficinas, cargos y estructuras administrativas sin trasladar competencias reales, recursos suficientes y responsabilidades concretas sería cambiarlo todo para que nada cambie. Una verdadera región necesita capacidad para decidir, planificar y ejecutar. Pero necesita también mecanismos claros para que el ciudadano pueda evaluar si esa nueva institucionalidad está produciendo resultados. Y todavía falta camino. La aprobación de la ley en el Congreso no crea automáticamente la RET Caribe. El proceso deberá cumplir las condiciones constitucionales y legales y, finalmente, serán los ciudadanos quienes tengan la palabra mediante referendo. Por eso la conversación que viene probablemente sea más importante que la que hemos tenido hasta ahora. Habrá que explicarle a la gente qué es la RET, cuánto cuesta, cómo se financia, quién la dirige, qué competencias tendrá, cómo se relacionará con gobernadores y alcaldes y, especialmente, qué cambiará en la vida cotidiana de un habitante de Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Montería, Cartagena, Santa Marta o Barranquilla. No bastará apelar al orgullo de ser caribeños. Habrá que demostrar para qué sirve ser región. Y quizás allí está el gran desafío de esta nueva etapa. Durante décadas hemos construido una identidad regional extraordinariamente fuerte. Nos reconocemos en una historia, una cultura y una manera particular de relacionarnos con el territorio. Pero convertir identidad en institucionalidad exige mucho más: acuerdos, prioridades, y muy importante, buenos gobiernos regionales (que se elegirán el próximo año) y una visión compartida del futuro. La RET no resolverá por sí sola las brechas sociales ni los problemas históricos del Caribe. Será una herramienta. Lo verdaderamente importante será lo que decidamos hacer con ella. Durante décadas hemos dicho que somos una región. Ahora tenemos la posibilidad de comenzar a construirla institucionalmente. El 10 de octubre de 1821 el Caribe fue escenario del último capítulo de la independencia frente a España. Doscientos cinco años después, el desafío es diferente. Ya no se trata de independizarnos. Se trata de aprender a gobernarnos también como región. Y para eso, nos toca decidir bien, y no dejar que se nos pase la hora.