Gustavo Petro dejó el poder, pero ahora quiere protestar contra las consecuencias de su propio Gobierno; el chiste se cuenta solo. Cuatro años en la Presidencia, una deuda pública que creció más de 410 billones de pesos en menos de cuatro años, cientos de miles de contratos estatales y graves escándalos de corrupción. Y ahora exige que su sucesor resuelva en cien días problemas que él no solucionó en cuatro años. La pregunta es inevitable: ¿dónde estaba esa indignación cuando Petro tenía el poder, el presupuesto y la obligación de gobernar? La escena de Cali concentró todas las contradicciones. Petro llegó en una aeronave privada para hablar en nombre de los sectores humildes y exigir la renuncia del presidente Abelardo De La Espriella. También convocó movilizaciones permanentes y planteó que quizás no había que esperar el voto para cambiar el Gobierno. Sus palabras provocaron acusaciones de promover un golpe de Estado. Petro defendió el carácter pacífico de las protestas, pero quedó abierta una pregunta fundamental: ¿pretende ejercer la oposición dentro de las reglas democráticas o cuestionar esas reglas cuando los resultados electorales no le favorecen? Las cifras fiscales merecen más atención que los discursos. Según los datos del Ministerio de Hacienda citados para agosto de 2022 y marzo de 2026, la deuda bruta del Gobierno pasó de 804,9 a 1.215,4 billones de pesos. Es decir, un incremento de 410,5 billones, equivalente al 51 %. No toda esa deuda fue creada por Petro y el aumento incluye intereses y necesidades de financiación. Pero las obligaciones del Estado tampoco desaparecen cuando cambia el presidente. Por eso resulta indispensable establecer qué decisiones tomó su administración para contener el déficit y qué compromisos dejó a sus sucesores. En contratación, el contraste también es significativo. Durante el cuatrienio de Petro, la Rama Ejecutiva nacional suscribió 884.064 contratos de prestación de servicios con personas naturales, por cerca de 36 billones de pesos. El número de contratos fue 119 % superior al registrado durante el Gobierno de Iván Duque, según la comparación publicada. Esto no demuestra que todos fueran innecesarios ni que cada contrato representara un nuevo puesto burocrático. Pero sí obliga a examinar la distancia entre la promesa de acabar con la contratación precaria y el uso masivo de esa modalidad durante su administración. Y después está la corrupción. La UNGRD, encargada de atender emergencias y proteger a poblaciones vulnerables, terminó en el centro de investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos y compra de apoyos políticos. Entre las figuras investigadas o vinculadas a distintos expedientes aparecen Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y César Manrique. Cada caso tiene una situación judicial diferente. Pero políticamente hay una pregunta que no se resuelve con un discurso: ¿qué controles existían para impedir que recursos destinados a los damnificados terminaran involucrados en semejante escándalo? El expresidente Petro tiene derecho a marchar y a cuestionar las decisiones económicas del Gobierno actual. También lo tienen sus seguidores. Lo que merece discusión es la coherencia de exigir resultados inmediatos sin presentar un balance igualmente exigente de los cuatro años anteriores. Si Petro rechaza las medidas fiscales de Abelardo De La Espriella, debe explicar cómo financiaría las obligaciones del Estado sin esas medidas. Criticar un impuesto es sencillo; demostrar cómo reemplazar su recaudo exige algo más que una consigna. La deuda pública tiene antecedentes anteriores a Petro. La corrupción tampoco comenzó con él. Y el actual presidente deberá responder por sus propias decisiones. Pero ninguna de esas verdades elimina la responsabilidad de la administración anterior. El cambio de Gobierno no reinicia las cuentas públicas ni borra los compromisos adquiridos. La protesta no cancela las deudas, la indignación no archiva los expedientes y dejar la Presidencia no borra cuatro años de decisiones. Gustavo Petro puede exigir explicaciones a su sucesor, pero los colombianos también pueden exigirle respuestas sobre su propia gestión. Y es que en política, nada es casualidad.

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