La crisis política e institucional que atraviesa Paraguay se agravó luego de que el presidente Santiago Peña anunciara su renuncia en medio de la controversia por la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras digitales más importantes del país. Sin embargo, su salida del poder quedó en incertidumbre después de que el Congreso no lograra completar el procedimiento para aceptar formalmente su dimisión. La sesión bicameral convocada para estudiar la renuncia terminó sin una decisión definitiva. Aunque el Senado votó a favor de tramitarla, la Cámara de Diputados perdió el cuórum necesario luego de que varios legisladores oficialistas abandonaran sus puestos durante la votación. El episodio terminó reactivando el proceso de juicio político contra Peña, que había recibido el respaldo unánime de la Cámara Baja con 78 votos a favor. Desde el Congreso señalaron que el procedimiento continuará, mientras aumenta la presión política sobre el mandatario. Tras conocerse el fracaso de la sesión, Peña anunció que comparecerá ante el Legislativo para presentar sus argumentos y defenderse de los señalamientos. También aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales y sostuvo que su situación personal no debe estar por encima de los intereses de Paraguay. La crisis de Ueno Bank que salpicó al Gobierno El origen de la controversia está relacionado con la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar problemas financieros que comprometían la continuidad de sus operaciones. La medida generó preocupación entre millones de usuarios, provocó largas filas en Asunción y desató protestas de ahorradores y ciudadanos que temen perder sus recursos. La situación también encendió las alarmas por la exposición de fondos del Instituto de Previsión Social, entidad que administra recursos destinados a las pensiones de los trabajadores paraguayos. La presidenta interina del Banco Central, Liana Caballero, aseguró que la entidad financiera dejó de operar y explicó que mantener sus servicios activos podría generar nuevas obligaciones. El organismo anunció, además, mecanismos para garantizar la devolución de los depósitos protegidos. El caso adquirió una dimensión política debido a los antecedentes empresariales de Santiago Peña. El mandatario tuvo participación accionaria en Ueno Holding, conglomerado propietario del banco, antes de desprenderse de sus acciones en 2025. La oposición cuestiona posibles conflictos de interés y sostiene que durante su administración se habrían favorecido operaciones y movimientos de recursos públicos relacionados con la entidad financiera. Peña, por su parte, ha defendido su posición y ha calificado la situación como un caso particular. En medio de la controversia, el presidente canceló su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y solicitó la renuncia de Carlos Carvallo, quien estaba al frente del Banco Central. El fuero de senador vitalicio, otro punto de controversia Uno de los aspectos más delicados de la eventual salida de Peña es su posible condición de expresidente y senador vitalicio, figura contemplada en la legislación paraguaya que le permitiría mantener una posición dentro del Congreso y contar con determinadas protecciones institucionales. La oposición advierte que esta condición podría convertirse en un obstáculo para las investigaciones judiciales. Algunos legisladores han cuestionado que el mandatario pueda abandonar la Presidencia y acceder a esos beneficios mientras enfrenta señalamientos relacionados con la crisis financiera. Desde el oficialismo, en cambio, han defendido la aceptación de la renuncia como una alternativa para facilitar la sucesión presidencial y evitar que la incertidumbre política prolongue los problemas que enfrentan los ahorradores. Incluso dentro del Congreso surgieron propuestas para aceptar la dimisión y posteriormente retirar los fueros de Peña si la Fiscalía o un juez lo solicitan. ¿Qué puede pasar con Santiago Peña? El futuro político del mandatario dependerá de las decisiones que adopte el Congreso y del desarrollo de las investigaciones judiciales. Si finalmente abandona el cargo, ya sea mediante la renuncia o una destitución, el vicepresidente Pedro Alliana sería quien asumiría la Presidencia de Paraguay. Esta posibilidad tampoco genera tranquilidad entre los sectores opositores, que consideran que su llegada al poder representaría la continuidad del mismo grupo político que actualmente enfrenta los cuestionamientos. Mientras se define el rumbo institucional del país, las protestas continúan frente al Congreso en Asunción. Ahorradores afectados, jubilados y ciudadanos exigen respuestas sobre el destino de sus recursos y reclaman que las investigaciones avancen sin privilegios políticos.

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