La controversia por los documentos académicos de Luz Verónica Estrada Holguín, representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico, tomó un nuevo rumbo luego de que la Universidad Nacional de Colombia descartara que la congresista haya obtenido un título en Ingeniería de Minas y Metalurgia en esa institución. Tras revisar sus archivos físicos y digitales, la Facultad de Minas de la sede Medellín informó que no encontró registros que acrediten a Estrada como egresada del programa. Además, señaló que la copia del registro del diploma que circula en el caso no fue expedida por la universidad. Ante estos hallazgos, la institución anunció que pondrá la información en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue una posible falsedad documental. Desde el punto de vista penal, uno de los delitos que podría entrar en consideración es el uso de documento público falso, contemplado en el artículo 291 del Código Penal colombiano. Esta conducta se configura cuando una persona utiliza un documento público falsificado, sin haber participado necesariamente en su elaboración, y puede acarrear una pena de prisión de cuatro a doce años. Otro escenario jurídico sería la obtención de documento público falso, prevista en el artículo 288 del mismo código. Esta disposición contempla penas de tres a seis años de prisión para quien induzca en error a un servidor público con el propósito de obtener un documento público que pueda servir como prueba. En este caso, las autoridades tendrían que establecer si el documento cuestionado fue utilizado para conseguir algún reconocimiento oficial o acreditar requisitos profesionales ante entidades como el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA). ¿Su condición de congresista podría agravar la situación? La condición de servidora pública de Estrada también podría ser examinada dentro de la investigación. Sin embargo, su cargo no significa que automáticamente deba responder por un delito distinto o que se configure una agravante por el solo hecho de ocupar una curul. El artículo 290 del Código Penal contempla circunstancias de agravación relacionadas con el uso de documentos falsos por parte de determinados intervinientes en la conducta. Su aplicación dependerá de los hechos que logren demostrar las autoridades. Por otra parte, la falsedad ideológica en documento público, contemplada en el artículo 286, tiene características diferentes, pues exige que el servidor público tenga competencia para expedir el documento oficial en el que se incorpora información contraria a la verdad. En el caso de un diploma universitario, esa facultad corresponde a la institución educativa. También podría enfrentar consecuencias disciplinarias El caso no se limita al ámbito penal. La utilización de documentos académicos presuntamente irregulares para acreditar requisitos profesionales o acceder a determinados cargos también puede tener repercusiones disciplinarias, dependiendo de las circunstancias y de las competencias de las autoridades correspondientes. Como antecedente, en abril de 2025 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años a una docente de Bogotá que presentó dos diplomas falsos ante la Secretaría de Educación Distrital para conseguir su posesión en una institución educativa. ¿Qué sigue en el caso de Luz Verónica Estrada? Hasta el momento, no se ha informado de una imputación formal de cargos contra la congresista por estos hechos. La Universidad Nacional anunció que remitirá la información a las autoridades competentes, mientras que el Pacto Histórico solicitó activar los mecanismos de revisión de su Comité de Ética. El desarrollo de la investigación será determinante para establecer quién elaboró el documento cuestionado, si fue utilizado ante alguna entidad pública y qué responsabilidad podría derivarse de su presentación.

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