El Ministerio de Defensa respondió a las declaraciones del expresidente Gustavo Petro sobre la adquisición de sistemas antidrones y rechazó que su Gobierno hubiera dejado un proyecto financiado y listo para ejecutarse. A través de un pronunciamiento, la cartera sostuvo que la administración anterior anunció una inversión de 800.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades de defensa frente a amenazas con drones, pero aseguró que esos recursos nunca fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda. Según el Ministerio, mediante la Circular C20260331000182 del 31 de marzo de 2026, el Gobierno de Petro ordenó centralizar las adquisiciones en la Secretaría General de esa entidad y restringió a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional la posibilidad de programar o ejecutar recursos propios para este propósito durante 2026 y 2027.
La cartera también cuestionó la viabilidad financiera del denominado «Escudo Nacional Antidrones», cuyo costo estimado habría alcanzado los 6,2 billones de pesos. De acuerdo con la respuesta oficial, la iniciativa no contaba con registro en el Banco Nacional de Programas y Proyectos ni con una estructura presupuestal que respaldara su ejecución. El Ministerio agregó que los 800.000 millones de pesos mencionados por Petro correspondían a solicitudes extraordinarias de financiación enviadas a Hacienda y a la Presidencia el 30 y 31 de diciembre de 2025, sin que estas se tradujeran en una asignación presupuestal aprobada. Otro de los puntos de controversia fue el papel del comité técnico interdisciplinario del Sector Defensa. La entidad salió en defensa de sus integrantes, representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y el Comando General de las Fuerzas Militares, quienes recomendaron no adquirir tecnologías comerciales que, según la evaluación técnica, no ofrecían garantías suficientes para las necesidades operacionales. Asimismo, el Ministerio rechazó que la falta de avances obedeciera a problemas durante el proceso de empalme entre gobiernos. Sostuvo que la suspensión de las mesas de trabajo fue acordada por los equipos de ambas administraciones y que los documentos de entrega no registraban contratos firmados, recursos asignados ni una solución técnica definitiva. La entidad también se refirió al Proyecto de Ley 181, presentado por el Gobierno saliente el 5 de agosto de 2026, apenas dos días antes de finalizar su mandato. Según explicó, la iniciativa fue retirada para elaborar una propuesta normativa con mayor participación de los integrantes de la Fuerza Pública.

