Una solicitud de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), durante el gobierno de Gustavo Petro, abrió un nuevo debate sobre el manejo de la información electoral en Colombia. La entidad habría solicitado a la Registraduría Nacional la base de datos completa de los ciudadanos habilitados para votar, que supera los 41 millones de registros. La petición quedó consignada en una carta del 9 de abril de 2026, firmada por René Guarín, quien para entonces estaba al frente de la DNI. En el documento se requería el censo electoral nacional en formato digital, con información como nombres, números de identificación, edad, género y lugar de votación de los ciudadanos. El argumento expuesto por la entidad estaba relacionado con asuntos de seguridad nacional y contrainteligencia. Sin embargo, la Registraduría decidió no entregar la información tras revisar los fundamentos de la solicitud y considerar que no existían razones jurídicas suficientes para acceder al requerimiento. El episodio ha generado inquietudes por tratarse de una petición que, según exfuncionarios de la autoridad electoral, no tenía antecedentes conocidos. El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo calificó el hecho como inusual y advirtió sobre los riesgos que representaría una eventual filtración de una base de datos de semejante magnitud. Los riesgos de entregar el censo electoral El censo electoral contiene información personal y de ubicación de millones de colombianos. Por esa razón, su custodia está bajo responsabilidad de la Registraduría y su acceso se encuentra sujeto a restricciones legales. La preocupación de expertos electorales y organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) apunta a que una utilización indebida de esos registros podría facilitar prácticas como la suplantación de identidad, la compra de votos, el constreñimiento a los electores y la exposición de información privada. Además, el conocimiento masivo de los lugares de votación podría facilitar la identificación y segmentación de ciudadanos con fines ajenos a los autorizados por la ley. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál era el propósito específico de la DNI al solicitar la información ni se ha demostrado que la entidad haya conseguido acceder al censo. Una petición en medio de los cuestionamientos de Petro al sistema electoral La solicitud también se produjo en un contexto de constantes cuestionamientos del entonces presidente Gustavo Petro a la transparencia del sistema electoral colombiano. Durante varios meses, Petro expresó dudas sobre la confiabilidad del censo, cuestionó el manejo de las bases de datos electorales y puso en entredicho aspectos relacionados con el software utilizado en los procesos de preconteo y escrutinio. En febrero de 2026, el mandatario habló de un supuesto riesgo de fraude electoral. Posteriormente, el registrador Hernán Penagos denunció ante la Fiscalía un presunto plan para afectar los sistemas informáticos de la Registraduría. También hubo controversias relacionadas con Thomas Greg & Sons y las solicitudes del Gobierno para acceder a información sobre bases de datos y sistemas electorales. Después de la primera vuelta, Petro volvió a cuestionar el número de ciudadanos incluidos en el censo y aseguró que se habrían incorporado más de 885.000 registros. La Registraduría rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el documento oficial no había sido modificado. La MOE, por su parte, indicó que sus verificaciones técnicas no encontraron inconsistencias que respaldaran las denuncias. Las preguntas que siguen sin respuesta La carta de abril se suma a otros señalamientos relacionados con presuntas actuaciones irregulares dentro de la DNI y posibles intentos de interferencia en asuntos electorales. Entre los nombres mencionados en esos reportes aparece el de Carlos Andrés Oyola Tovar, señalado en documentos internos como presunto responsable de una estructura que habría buscado intervenir en los procesos electorales. Sin embargo, es importante precisar que los señalamientos conocidos no constituyen por sí mismos una demostración de responsabilidad penal. Por ahora, siguen pendientes respuestas sobre las razones concretas que llevaron a la DNI a solicitar información de más de 41 millones de votantes, el alcance de esa petición y los mecanismos que se pretendían utilizar con los datos. La Registraduría negó la entrega del censo, pero el episodio deja planteado un interrogante de fondo: ¿por qué la principal entidad de inteligencia del Gobierno necesitaba una base de datos electoral de semejante dimensión y qué uso pretendía darle?
¿Qué buscaba la DNI de Petro con los datos de 41 millones de votantes? Registraduría se negó a entregarlos
Una carta firmada por René Guarín, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, solicitó el censo electoral completo por razones de seguridad nacional.

