La falta de avances conocidos en el proceso disciplinario relacionado con Armando Benedetti volvió a generar cuestionamientos contra la Procuraduría General de la Nación. Esta vez, las críticas fueron formuladas por Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), quien pidió explicaciones al procurador general, Gregorio Eljach, sobre las actuaciones adelantadas frente a este caso. Durante una entrevista radial, Herrera manifestó su preocupación por la ausencia de decisiones conocidas en la investigación relacionada con las declaraciones del exministro del Interior contra una magistrada. Según explicó, la corporación presentó una denuncia por estos hechos a través de su subdirector, Andrés Pérez Velasco, pero aseguró que no ha recibido respuesta. «¿Qué más requiere el procurador general para sancionar a este ministro?», cuestionó Herrera, al insistir en que las expresiones dirigidas contra una integrante de la Rama Judicial deben tener una respuesta institucional. El director de la CEJ también expresó dudas sobre la actuación del organismo de control y advirtió sobre el riesgo de que las instituciones públicas sean utilizadas para favorecer intereses particulares. En ese contexto, lanzó una crítica al jefe del Ministerio Público por la falta de resultados que, según indicó, se conocen hasta el momento. Herrera advierte sobre el riesgo de impunidad Durante la entrevista, el jurista extendió sus cuestionamientos al funcionamiento de los organismos de control y señaló que algunas investigaciones adquieren impulso después de que los medios de comunicación divulgan posibles irregularidades, pero no siempre terminan en decisiones conocidas por la opinión pública. Herrera defendió el papel del periodismo y de la veeduría ciudadana como mecanismos para exigir transparencia y hacer seguimiento a las actuaciones de las entidades estatales. «No podemos permitir que la Procuraduría se convierta en una lavadora de pecados ajenos, como tampoco que se convierta en una sastrería para la impunidad», afirmó. Asimismo, anunció que recurrirá a mecanismos legales para obtener respuestas sobre el estado de las investigaciones. «Si me toca enviar de aquí en adelante derechos de petición diarios a la Procuraduría General, así lo voy a hacer», manifestó. Defensa de la independencia judicial Herrera también se refirió a las tensiones entre el poder político y la Rama Judicial durante el gobierno anterior. Según su análisis, magistrados, jueces y juezas fueron objeto de señalamientos que, en algunos casos, trascendieron la discusión jurídica y llegaron a cuestionamientos relacionados con su raza y género. El representante de la Corporación Excelencia en la Justicia sostuvo que la independencia de los jueces debe respetarse, incluso cuando sus decisiones generan controversia política. En su opinión, las instituciones judiciales cumplen una función esencial en la defensa del Estado social de derecho. Finalmente, Herrera diferenció las competencias de la Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación penal, de las atribuciones disciplinarias de la Procuraduría. A su juicio, esta última debe ofrecer respuestas oportunas y explicar el estado de las actuaciones que adelanta contra los servidores públicos. Los cuestionamientos vuelven a poner en el centro del debate la oportunidad y la transparencia de las investigaciones disciplinarias que involucran a figuras de alto perfil político. Hasta tanto se conozcan decisiones oficiales sobre el expediente mencionado, los señalamientos de Herrera corresponden a sus críticas sobre la gestión del organismo de control.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo