La investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación por las denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro tendrá un nuevo capítulo. El organismo de control citó a declarar a Tito Lorenzo Lovo Carretero, quien estuvo encargado de supervisar dos contratos de prestación de servicios suscritos por Deicy Jiménez con el Ministerio del Interior. La diligencia fue programada para el martes 10 de noviembre, un día después de la comparecencia de Jiménez, prevista para el lunes 9 de noviembre. La declaración busca esclarecer las condiciones en las que se realizaron las contrataciones, las funciones asignadas a la contratista y el seguimiento que se hizo al cumplimiento de sus obligaciones. Los dos contratos que Jiménez tuvo con el Ministerio del Interior representan un valor conjunto de $41.608.338. El primero fue firmado en 2025 por $11.151.338, mientras que el segundo se suscribió en enero de 2026 por $30.457.000, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. En ambos procesos, el objeto contractual estuvo relacionado con actividades de apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, especialmente en el seguimiento de iniciativas financiadas o cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Lovo Carretero reconoció que tuvo a su cargo la supervisión de las dos vinculaciones. Según explicó, la contratación de personal de apoyo respondía a la falta de funcionarios de planta para atender las necesidades de esa dependencia. El exfuncionario también manifestó que Jiménez contaba con el perfil requerido para desarrollar las actividades contratadas. Frente a una eventual recomendación para su vinculación, aseguró que no tenía conocimiento específico y señaló que esas decisiones correspondían a la alta dirección del Ministerio. Procuraduría busca establecer cómo se realizaron las contrataciones La citación hace parte de la indagación previa que abrió la Procuraduría el pasado 26 de octubre, después de conocerse las denuncias de Jiménez sobre supuestos ofrecimientos de contratos y oportunidades laborales en entidades estatales a cambio de encuentros sexuales. Dentro de las actuaciones iniciales, el Ministerio Público solicitó información sobre las vinculaciones que Jiménez habría tenido con diferentes entidades públicas. Entre los documentos requeridos figuran contratos, hojas de vida, valores, funciones asignadas y la identificación de los funcionarios que intervinieron en los procesos de contratación y supervisión. La revisión incluye información del Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por su parte, Deicy Jiménez ya ha rendido declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. En esta última entidad permaneció durante más de 15 horas, amplió sus denuncias y puso a disposición su teléfono celular para la realización de un análisis forense.

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