La Procuraduría comenzó a revisar antecedentes contractuales relacionados con el empresario Norbert Vonblon Pomare, contratista de San Andrés y esposo de la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz, luego de que surgieran nuevos cuestionamientos sobre su presunta participación en operaciones financieras vinculadas a la construcción de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, Antioquia. La investigación periodística señala posibles conexiones comerciales entre Vonblon y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien fue procesado por su participación en el caso de las garantías bancarias falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados para obtener un millonario contrato de conectividad con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El caso se remonta a la construcción del establecimiento penitenciario, cuyo contrato fue adjudicado en 2007 por el entonces Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) al Consorcio CMS Cárceles, por un valor inicial de $35.837 millones. Molina García-Mayorga se desempeñaba como representante legal suplente del consorcio y era socio de CM Construcciones. De acuerdo con una denuncia presentada por el representante de Disico S. A., otra de las empresas integrantes, una auditoría contable habría identificado presuntas irregularidades en el manejo de anticipos, incluidos giros a contratistas sin las garantías correspondientes. Entre las compañías proveedoras de materiales para la obra figuraban Agregados NVP Ltda. y Josefs Concretes Ltda., ambas pertenecientes a Vonblon. Según una fuente citada en la investigación, los anticipos inicialmente establecidos en el 15 % habrían aumentado hasta niveles cercanos al 40 %, con desembolsos que sumarían aproximadamente $734 millones a una cuenta de ahorros a nombre del empresario. La misma fuente sostuvo que existirían elementos para examinar la relación financiera entre Vonblon y Molina García-Mayorga, así como el destino de los recursos. También afirmó que ambos habrían compartido cuentas bancarias. Estas afirmaciones requieren verificación por parte de las autoridades y no constituyen, por sí solas, una declaración de responsabilidad penal del empresario. Los cuestionamientos se suman a otros negocios examinados públicamente en San Andrés, entre ellos una operación inmobiliaria con la administración del entonces gobernador Nicolás Gallardo, relacionada con un lote negociado por $1.700 millones, que una empresa de Vonblon habría adquirido en 2017 por $25 millones, según publicaciones anteriores de prensa. Asimismo, la relación comercial entre Vonblon y Molina García-Mayorga habría tenido antecedentes en la construcción del hospital Amor y Patria, en San Andrés. Sobre esa obra, un tribunal de arbitramento declaró un incumplimiento parcial de obligaciones por parte de empresas vinculadas al proyecto y ordenó pagar $1.650 millones a Fonade. El diario capitalino El Tiempo informó que buscó la versión del abogado de Vonblon y que también intentó contactar al empresario por medio de la representante Jay-Pang, sin obtener respuesta antes del cierre de la publicación. Según el medio, el contratista habría sostenido anteriormente que actuó como un tercero de buena fe y que desconocía el supuesto retiro de los recursos por parte de Molina García-Mayorga. Por su parte, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia habría solicitado a la Fiscalía revisar investigaciones por presunta corrupción relacionadas con San Andrés y evaluar su traslado a Bogotá.

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