La controversia por los contratos que recibió Deyci Jiménez durante el gobierno de Gustavo Petro podría involucrar a más figuras de la administración anterior. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, se solicitará que el exministro del Interior Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y otros exfuncionarios sean llamados a declarar para esclarecer las circunstancias en las que la joven obtuvo varios vínculos contractuales con entidades del Estado. Jiménez, quien recibió cinco contratos durante ese periodo, sostiene que esas vinculaciones habrían sido consecuencia de presuntos favores sexuales. Como parte de su denuncia, aseguró contar con material audiovisual que respaldaría sus señalamientos. Sin embargo, estas acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades. La joven publicó recientemente un mensaje en sus redes sociales después de comparecer durante más de 15 horas ante la Fiscalía. En esa diligencia, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se realizó una extracción técnica y forense de fotografías, conversaciones y videos almacenados en su teléfono celular. En su pronunciamiento, Jiménez afirmó que decidió denunciar después de negarse a participar en lo que describe como una red de presuntas irregularidades. También insistió en que su intención es contribuir al esclarecimiento de los hechos. Paralelamente, las autoridades ordenaron una inspección al Senado para determinar cómo llegó la hoja de vida de Jiménez a la Primera Vicepresidencia de esa corporación, cuando estaba bajo la responsabilidad de María José Pizarro. La actuación busca establecer quién promovió su vinculación y cuáles fueron las condiciones de contratación. La investigación también pondrá bajo revisión los movimientos de su hoja de vida en otras instituciones. Entre ellas figura el Hospital San Juan de Dios, cuyo director dependía del Ministerio de Salud, encabezado entonces por Guillermo Alfonso Jaramillo. Asimismo, se examinará su paso por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, durante la gestión de Yenniffer Parra. Otro elemento que hace parte de las pesquisas es una conversación en la que Gustavo Petro habría solicitado a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, mantener el contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior. Por su parte, Petro y su abogado, Alejandro Carranza, han rechazado que existiera un intercambio de favores sexuales por contratos públicos. La defensa sostiene que las acusaciones hacen parte de una ofensiva contra el exmandatario y ha señalado que algunas funcionarias estarían siendo presionadas para declarar sobre su relación con él.

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