La senadora María Clara Posada Caicedo respondió a las defensoras del pueblo Iris Marín Ortiz y Paula Cristina Aponte Urdaneta, luego de recibir una comunicación relacionada con sus publicaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su respuesta, defendió su libertad de expresión y aseguró que continuará ejerciendo control político sobre las actuaciones de esa jurisdicción. La congresista sostuvo que sus cuestionamientos están amparados por la Constitución y las normas que regulan las funciones del Congreso. Asimismo, señaló que la Defensoría puede solicitar precisiones sobre sus publicaciones, pero no debe imponer interpretaciones que limiten la crítica a las instituciones públicas. Uno de los puntos centrales de su respuesta fue el trato que, a su juicio, reciben distintos comparecientes ante la JEP. Posada manifestó reparos frente a las condiciones observadas en determinadas actuaciones y pidió explicaciones sobre las diferencias entre las audiencias en las que participan antiguos integrantes de las FARC y aquellas en las que comparecen miembros de la Fuerza Pública. La senadora también cuestionó el cumplimiento de los compromisos de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas. Según las cifras que citó en su comunicación, estaría pendiente el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos. Estas cifras corresponden a los señalamientos de la congresista y requieren contrastarse con información oficial actualizada. Otro de los asuntos planteados fue la contratación de la JEP mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Posada mencionó recursos por $201.467 millones y solicitó mayor claridad sobre la publicidad de los contratos, los mecanismos de control y las restricciones legales aplicables. En su carta, la legisladora también se refirió a la trayectoria profesional de la defensora Iris Marín en la JEP y a los posibles vínculos relevantes con la magistrada objeto de sus cuestionamientos. Aclaró que estos antecedentes no demuestran por sí mismos una falta de imparcialidad, pero consideró necesario que la institución explique los criterios que orientan sus actuaciones. Posada rechazó que sus publicaciones sean interpretadas como un intento de desconocer la independencia judicial. Por el contrario, afirmó que los funcionarios y magistrados deben estar sujetos al escrutinio público, especialmente cuando se trata de entidades que administran recursos estatales y participan en procesos relacionados con las víctimas del conflicto armado. Finalmente, la senadora advirtió que sus denuncias pueden aumentar su exposición a amenazas y pidió a la Defensoría actuar con prudencia para evitar que sus pronunciamientos contribuyan a estigmatizarla o agravar su situación de riesgo. La congresista concluyó que continuará cuestionando las actuaciones de la JEP y reclamando explicaciones sobre sus decisiones, el manejo de los recursos y las garantías de los comparecientes. Sus afirmaciones sobre la entrega de bienes, la contratación y las diferencias en las audiencias deberán contrastarse con las respuestas de las entidades involucradas.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo