La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, expresó su preocupación por las presuntas irregularidades que habrían ocurrido en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. La funcionaria advirtió que la falta de mecanismos efectivos de control sobre este organismo podría comprometer la seguridad nacional y el funcionamiento de las instituciones democráticas. En entrevista con Blu Radio, Barrios cuestionó que la DNI esté adscrita a la Presidencia de la República sin contar, según señaló, con suficientes mecanismos de vigilancia y supervisión que garanticen su independencia frente al poder Ejecutivo. La dirigente consideró que el país debe abrir un debate sobre el funcionamiento y la continuidad de esta entidad. “Creo que la existencia misma de la Dirección Nacional de Inteligencia hoy debe ser una conversación que se ponga sobre la mesa”, afirmó. Uno de los aspectos que la MOE considera prioritarios es esclarecer el origen de un documento divulgado por Noticias Caracol, en el que se exponen posibles casos de espionaje a expresidentes, presuntas maniobras para intervenir en procesos electorales y cuestionamientos relacionados con la contratación de la entidad. Barrios señaló que el expediente aparece identificado como un documento de empalme, pese a que no se habría desarrollado un proceso formal de transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella. Por esa razón, pidió establecer quién elaboró el informe y si su contenido corresponde a una auditoría realizada por la actual administración. La preocupación de la MOE también está relacionada con las denuncias sobre posibles ataques contra los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional. Entre los señalamientos figura el nombre del ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar, quien habría estado vinculado a la DNI desde febrero de 2024 y es señalado de participar en operaciones para centralizar información de bases de datos estatales. El documento también menciona una presunta estructura que habría buscado alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026 mediante operaciones ejecutadas desde España y ataques informáticos contra la Registraduría. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. Ante este panorama, la directora de la MOE insistió en que las denuncias no pueden quedarse únicamente en el debate público. Solicitó investigaciones de fondo, explicaciones sobre las posibles vulnerabilidades de la entidad y claridad sobre las medidas adoptadas para evitar que situaciones similares se repitan. La advertencia adquiere especial relevancia ante la proximidad de las elecciones previstas para octubre de 2027. Para la MOE, es indispensable garantizar que las instituciones encargadas de proteger la seguridad del Estado no sean utilizadas para afectar la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.

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