Miguel Quintero habría cobrado coimas del 20% y recibido pagos de $50 millones a nombre de terceros

La Fiscalía señaló que Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero, habría recibido la mayor parte de una presunta red de corrupción relacionada con seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los Bomberos de Itagüí, adjudicados entre 2020 y 2022. Según la investigación, la presunta coima habría alcanzado los $2.481 millones. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal del caso, de ese dinero aproximadamente $1.653 millones habrían terminado en manos de Miguel Quintero, mientras que Álvaro Villada, exsubdirector financiero del AMVA, habría recibido más de $693 millones. Sebastián Ortega, señalado como hijo de un político de Bello, habría obtenido más de $133 millones. Los contratos investigados sumaban $17.656 millones y tenían como propósito oficial reducir la exposición al riesgo de las comunidades durante la pandemia del covid-19 y fortalecer los cuerpos de bomberos del área metropolitana. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que detrás de las contrataciones habría existido un propósito de beneficio económico particular y que parte de los recursos presuntamente habría sido destinada a financiar la campaña política de Misael Cadavid, gerente de los Bomberos de Itagüí, quien aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes. La investigación contra los cuatro implicados se desarrolló en una audiencia de imputación de cargos realizada virtualmente ante el Juzgado 27 Penal de Medellín. Miguel Quintero y Álvaro Villada fueron imputados por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación; Sebastián Ortega, por peculado, y la exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, Vanesa Álvarez, por interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero habría sido el presunto determinador de la estructura desde finales de 2019, cuando su hermano ya había sido elegido alcalde de Medellín. Según la acusación, habría promovido la llegada de personas cercanas a él a cargos estratégicos dentro del AMVA y habría buscado remover a funcionarios que pudieran representar obstáculos para sus intereses. Uno de los elementos mencionados por la Fiscalía son varios grupos de WhatsApp, entre ellos uno denominado “Amigos”, en los que supuestamente se coordinaban actuaciones relacionadas con contrataciones, nombramientos y distribución de recursos. Según la fiscal, en esos espacios Quintero era identificado como “Mr. M” o “nuestro jefe” y habría impartido instrucciones que posteriormente eran ejecutadas por funcionarios y particulares. La investigación también apunta a que el presunto esquema no se habría limitado al Área Metropolitana. La Fiscalía mencionó testimonios y otros elementos que apuntarían a una posible influencia de Miguel Quintero en entidades como Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). La funcionaria sostuvo que en los grupos y reuniones analizados se evidenciaría una dinámica en la que Quintero generaba iniciativas y definía cursos de acción. En el caso específico de los contratos con los Bomberos de Itagüí, algunos testigos habrían señalado que las comisiones por contratos del AMVA podían alcanzar el 20 %. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que para este negocio en particular se habría negociado en junio de 2020 una reducción de la presunta comisión al 15 %. Villada habría sido uno de los encargados de recaudar el dinero y de mantener informado a Quintero sobre el desarrollo de las contrataciones. Según la acusación, Vanesa Álvarez habría participado en la elaboración de los estudios previos y habría avalado las contrataciones pese a que, según la Fiscalía, no cumplían todos los requisitos técnicos. Además, se le atribuye haber elaborado las propuestas que posteriormente fueron presentadas formalmente por los Bomberos de Itagüí para obtener los contratos. Villada, por su parte, habría intervenido en decisiones presupuestales y presuntamente presionado para autorizar pagos pese a incumplimientos. Finalmente, la Fiscalía detalló cómo habría cambiado el responsable del supuesto recaudo. Hasta septiembre de 2022, Villada habría manejado la recaudación, apropiándose presuntamente de $693,7 millones y entregando $1.387,3 millones a Miguel Quintero. Después de su salida del AMVA, Sebastián Ortega habría asumido esa función, recibiendo presuntamente $133,3 millones para sí mismo y $266 millones para Quintero. El caso hace parte de un proceso más amplio que ya dejó un condenado —Juan Alberto Cardona, quien aceptó cargos— y un principio de oportunidad para Misael Cadavid.