Megacárcel de La Guajira entra en fase final y tendría capacidad para 1.722 internos

El nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Riohacha, La Guajira, se encuentra en la etapa final de construcción y podría entrar en funcionamiento durante el último trimestre de 2026. La infraestructura, que registra un avance del 93,97 %, tendrá capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad y busca contribuir a reducir el hacinamiento en establecimientos penitenciarios de la región Caribe. El ministro de Justicia, Iván Cancino, realizó una visita a las instalaciones junto con la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Isadora Fernández, con el propósito de verificar el avance de las obras y las condiciones de la nueva infraestructura. El complejo contará con ocho pabellones, incluidos espacios destinados a internos considerados de alta peligrosidad. También tendrá áreas diferenciadas para mujeres, con capacidad para 152 internas, además de espacios para población indígena wayuu, atención sanitaria, talleres, aulas y procedimientos judiciales. Uno de los principales objetivos de la nueva infraestructura será fortalecer el control sobre los internos y limitar la capacidad de las estructuras criminales para continuar operando desde los centros penitenciarios. Para ello, se contempla un esquema de clasificación de los reclusos según su perfil y nivel de peligrosidad, además de mayores controles sobre visitas y salidas. La construcción ocupa aproximadamente 36.000 metros cuadrados y representa una inversión superior a los $307.000 millones. De acuerdo con el avance reportado, la obra se encuentra próxima a su culminación. La puesta en funcionamiento del penal se produciría en un contexto marcado por la presencia de estructuras dedicadas a actividades como el narcotráfico y la extorsión en distintas zonas de La Guajira y el Caribe. Desde la administración distrital, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, señaló que la nueva infraestructura representa un avance para fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de reclusión, con la expectativa de que también contribuya a los procesos de resocialización.