La controversia por los presuntos vínculos entre contratos estatales y favores personales durante el gobierno de Gustavo Petro suma nuevos elementos. Testimonios recopilados por El Tiempo señalan la existencia de varias viviendas en Bogotá que habrían sido utilizadas para reuniones privadas del entonces mandatario y personas de su entorno. Según las declaraciones entregadas por antiguos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), algunas de estas propiedades estaban ubicadas en el sur de Bogotá y en el sector de Quinta Paredes, cerca de Corferias. Los testimonios indican que los inmuebles habrían servido tanto para encuentros relacionados con asuntos de Estado como para reuniones de carácter privado. Uno de los exintegrantes de la cúpula de inteligencia aseguró que se emitieron alertas de seguridad por los desplazamientos del esquema presidencial hacia esas viviendas. Incluso, afirmó que se evaluó la necesidad de reforzar la protección del mandatario debido a las condiciones de seguridad de uno de los sectores. Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la DNI, confirmó que durante su gestión se habilitaron casas con funciones de fachada y financiadas con gastos reservados. Sin embargo, sostuvo que estaban destinadas a actividades de inteligencia y seguridad nacional, y negó que se hubieran utilizado para los fines señalados en las denuncias. Las revelaciones también se relacionan con las acusaciones de Deicy Alejandra Jiménez, quien afirmó ante la Corte Suprema de Justicia que conoció a Petro cuando este era senador y que posteriormente habría obtenido contratos en distintas entidades estatales. Su abogado anunció que entregará a las autoridades un teléfono celular que contendría conversaciones, fotografías y videos que, según su versión, respaldarían sus señalamientos. De acuerdo con la información publicada, Jiménez habría tenido cinco vinculaciones contractuales o procesos de contratación relacionados con la Vicepresidencia del Senado, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El caso también se conecta con las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien había advertido sobre la presunta existencia de una red de mujeres jóvenes vinculadas a distintas dependencias del Estado. La exfuncionaria llevó sus señalamientos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Otro de los aspectos que se busca esclarecer es quiénes financiaban el alquiler y mantenimiento de las viviendas, quiénes tenían conocimiento de su funcionamiento y qué personas participaron en los encuentros. Algunos testimonios mencionan la presencia de altos funcionarios, integrantes de organismos de seguridad y directivos del sector empresarial. Frente a estas versiones, el abogado Alejandro Carranza, representante jurídico del expresidente Petro, confirmó que hubo reuniones en casas particulares, pero rechazó las acusaciones sobre la presencia de mujeres, drogas o bebidas alcohólicas. Según su explicación, los encuentros estuvieron relacionados exclusivamente con asuntos de seguridad nacional.

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